Oposición cuestiona continuidad de ministro Rabat tras polémica por rebajas de condenas

La controversia por la rebaja de condenas a 56 personas condenadas por delitos sexuales abrió un nuevo flanco para el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Aunque el Mandatario reconoció errores en la concesión de los beneficios, su decisión de mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, generó críticas de parlamentarios de distintos sectores.

Al abordar la situación, Kast sostuvo que el ejecutivo optó por corregir lo ocurrido y evitar que vuelva a repetirse, en lugar de solicitar la renuncia del secretario de Estado. Sin embargo, legisladores cuestionaron que no se hayan ofrecido disculpas explícitas a las víctimas y sus familias.

Críticas y exigencias políticas

La diputada del Partido Comunista, Nathalie Castillo, afirmó que reconocer el error no es suficiente y pidió la salida del ministro. A su juicio, el gobierno debe asumir responsabilidades políticas y adoptar medidas concretas para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes.

En tanto, el diputado socialista Daniel Manouchehri planteó impulsar una acusación constitucional contra Rabat. El parlamentario cuestionó que el titular de Justicia continúe en el cargo y sostuvo que el Congreso debe evaluar las herramientas de fiscalización disponibles frente a lo ocurrido.

La diputada del Partido de la Gente, Eileen Urqueta, también criticó la decisión presidencial. Señaló que reconocer el error es necesario, pero insuficiente, y sostuvo que la responsabilidad política del ministro debe evaluarse por los decretos firmados. Además, insistió en la necesidad de ofrecer disculpas a las víctimas y sus familias.

Urqueta advirtió sobre el impacto que este tipo de decisiones puede tener en quienes han atravesado procesos judiciales por violencia sexual. Asimismo, manifestó su disposición a respaldar reformas destinadas a impedir que se repitan situaciones similares y a fortalecer la protección de las víctimas.

Ciertamente, el debate abrió la discusión sobre los mecanismos de revisión de los decretos y las responsabilidades institucionales involucradas. Las eventuales acciones parlamentarias y las medidas que adopte el ejecutivo marcarán además, los próximos pasos de una polémica que mantiene bajo presión al Ministerio de Justicia.