A petición de parlamentarios fiscalía indagará pérdidas millonarias en las AFP

Luego de una denuncia penal presentada de manera conjunta por los parlamentarios Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri y José Montalva, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte inició formalmente una investigación por las millonarias pérdidas registradas en los Fondos D y E de las AFP, reconocidos históricamente como las alternativas más conservadoras del sistema.

Tras analizar y evaluar la gravedad de los hechos expuestos en la presentación, el fiscal nacional determinó derivar la totalidad de los antecedentes al fiscal regional, Francisco Jacir Manterola, quien quedó formalmente a cargo de dirigir las primeras diligencias instruidas al Ministerio Público.

En términos jurídicos, las indagatorias del equipo persecutor apuntan a determinar la eventual comisión del delito de administración desleal, además de evaluar otros ilícitos de carácter penal que pudieran configurarse durante el proceso de toma de decisiones de inversión por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Las pérdidas

De acuerdo con los antecedentes presentados en el expediente de la causa, los perjuicios económicos generados en el sistema se sitúan en un rango que oscila entre los 7.700 y los 11.000 millones de dólares.

Este severo menoscabo patrimonial, se denuncia en el expediente, se vincula de manera directa con la ejecución de estrategias operativas complejas en derivados de tasas de interés y posiciones de renta fija internacional, maniobras financieras que habrían provocado un severo impacto negativo en la rentabilidad acumulada y en los saldos finales de los cotizantes.

Frente al inicio de estas acciones legales, desde el Ministerio Público aclararon que la apertura de esta causa penal representa exclusivamente el inicio formal de diligencias e investigaciones previas orientadas al esclarecimiento riguroso de los hechos reportados.

De esta manera, las diligencias venideras buscarán determinar si las decisiones financieras adoptadas se encuadraron estrictamente dentro de los marcos de la gestión de riesgo permitida o si existió una suerte de "desacato directivo" a los deberes de resguardo de los recursos de los afiliados.

Al respecto, el diputado Daniel Manouchehri señaló que "hay gente que está por jubilar y este  'portonazo' les ha sacado parte importante de sus ahorros. Exigimos que respondan con su patrimonio y, si hubo delitos, que los responsables paguen con cárcel”.

En esa misma línea, la senadora Daniella Cicardini sostuvo que la decisión de la fiscalía de acoger a trámite esta denuncia "son buenas noticias para la búsqueda de sanciones, de justicia y de compensación para miles de trabajadores que estaban a punto de jubilar o afectados por la irresponsabilidad de las propias AFP al jugar con la plata de la gente”.

La parlamentaria enfatizó además que, de confirmarse responsabilidades de los ejecutivos, éstos deben compensar con sus bienes y cumplir penas privativas de libertad si se corrobora la sospecha de la existencia de delitos.