Pagaron millones por obras inconclusas: CDE se querella contra exdirectivos de Vialidad del MOP

Millonarios recursos públicos destinados a mejorar caminos y proteger puentes de la provincia del Limarí habrían terminado comprometidos en contratos cuyos materiales no cumplían las condiciones exigidas, nunca fueron entregados o quedaron acumulados junto a los cauces sin utilizarse en las obras previstas. Se trata de una serie de irregularidades detectadas en contrataciones de la Dirección Regional de Vialidad de Coquimbo que, según el Consejo de Defensa del Estado (CDE), habrían ocasionado un perjuicio fiscal superior a los $774 millones.

Los antecedentes forman parte de una querella criminal a la que tuvo acceso Diario El Día, presentada por el organismo ante el Juzgado de Garantía de La Serena. La acción judicial apunta a un exdirector regional, dos funcionarios vinculados a Vialidad y un empresario contratista, por su presunta participación en delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

El caso se remonta a contratos adjudicados entre 2021 y 2022 a la empresa CMoller SpA. De acuerdo con la querella, funcionarios que intervenían en la evaluación de las ofertas también participaron posteriormente en la fiscalización de los suministros, emitiendo o validando informes que habrían permitido autorizar pagos pese a los incumplimientos.

Para el CDE, estos antecedentes no responderían únicamente a errores administrativos o deficiencias de supervisión, sino a un presunto mecanismo coordinado para beneficiar económicamente a la empresa con recursos fiscales.

La investigación, que lleva adelante la Fiscalía Local de La Serena, deberá establecer las responsabilidades penales de los involucrados.

Cuatro personas involucradas

La querella se dirige contra Óscar Mauricio Vilches Estay, exdirector regional de Vialidad de Coquimbo; José Luis Villagrán Moore, exjefe de Conservación y exdirector regional subrogante; Pablo Ignacio Geraldo Zúñiga, exfuncionario e inspector fiscal; y Gustavo Adolfo Esteban Contreras Gutiérrez, empresario y representante legal de CMoller SpA.

El escrito también describe actuaciones del inspector fiscal Mauricio Cortés García, a quien vincula con la recepción de materiales y autorización de pagos. Sin embargo, informa que falleció el 5 de abril de 2026, por lo que no figura entre las cuatro personas contra quienes se dirige formalmente la acción penal.

Según el CDE, la empresa obtuvo al menos 33 licitaciones de Vialidad Coquimbo durante 2021 y 2022, período en que se habrían producido las irregularidades investigadas.

Más de $708 millones por defensas que no se construyeron

El episodio de mayor magnitud corresponde a la adquisición de rocas destinadas a construir defensas fluviales en puentes de la provincia del Limarí.

Durante 2021, Vialidad adjudicó a CMoller SpA siete licitaciones por un total de $1.052.721.600 para suministrar material destinado a los puentes Ponio, Quebrada de Monte Patria, La Cantera, El Higueral, Los Sapos, Pedregal y Mostazal.

Sin embargo, según la querella, en cinco de estos sectores —La Cantera, El Higueral, Los Sapos, Pedregal y Mostazal— las defensas previstas nunca se construyeron.

Las rocas adquiridas habrían quedado simplemente acumuladas junto a los cauces y riberas, sin ser utilizadas para proteger las estructuras frente a crecidas y corrientes de agua.

A ello se suman cuestionamientos sobre su calidad. El CDE sostiene que se suministraron rocas redondeadas de río, conocidas como canto rodado, en lugar de bloques de cantera con las características necesarias para conformar enrocados resistentes.

La diferencia es relevante porque estas defensas requieren piedras capaces de trabarse entre sí para soportar la fuerza del agua.

También se detectaron diferencias en las cantidades. En los puentes El Higueral y Los Sapos se habría pagado el suministro de 5.000 metros cúbicos de roca, pero las mediciones realizadas en terreno identificaron solamente 1.873,91 metros cúbicos.

Es decir, se habría encontrado poco más de un tercio del material cancelado.

Por estas operaciones, el CDE calcula un perjuicio fiscal de $708.241.079, correspondiente a la mayor parte del monto denunciado.

La querella también cuestiona la utilización de certificados de laboratorios externos sin acreditación del Instituto Nacional de Normalización para respaldar la recepción de materiales.

Según el escrito, se habría argumentado que el Laboratorio Regional de Vialidad no tenía disponibilidad. No obstante, su entonces jefe, Patricio Varas Castillo, declaró que nunca recibió solicitudes de análisis para esas obras.

Material defectuoso en El Delirio

Un segundo hecho ocurrió en la ruta D-671, sector El Delirio, en Punitaqui, donde Vialidad adjudicó a CMoller SpA un contrato por $119.432.922 para suministrar polvo de roca y material granular.

Según la querella, en septiembre de 2022 se autorizó un pago de $42.186.833, luego de que el inspector fiscal Mauricio Cortés certificara la recepción y conformidad técnica del material.

Sin embargo, posteriormente el entonces jefe de Conservación Provincial del Limarí, Cristian Rojas Valenzuela, advirtió problemas visibles en el suministro.

Los análisis efectuados por laboratorios especializados determinaron que el material no cumplía las exigencias de granulometría, porcentaje de chancado y capacidad de soporte.

En términos simples, no reunía las condiciones necesarias para utilizarse como base del camino y debió destinarse a una capa inferior, denominada subbase, para evitar su pérdida total.

El CDE señala que el contrato tuvo que terminarse anticipadamente y que fue necesario realizar una nueva licitación para completar la intervención, generando un gasto adicional estimado en $180 millones.

Este último desembolso se menciona separadamente y no integra el perjuicio de $774 millones denunciado en la querella.

Materiales pagados que nunca habrían llegado

El tercer episodio se relaciona con la ruta D-753, sector El Chaguaral, en Monte Patria.

En este caso, Vialidad adjudicó a CMoller SpA un contrato por $59.958.150 para adquirir base granular y polvo de roca.

El CDE sostiene que el inspector fiscal Mauricio Cortés emitió un informe de recepción conforme que permitió pagar $23.983.260, equivalentes al 40% del contrato.

Sin embargo, los materiales nunca habrían sido entregados al servicio.

Según los antecedentes recogidos en la querella, tampoco existían registros de pesaje ni documentación que acreditara su despacho, situación que obligó a licitar nuevamente los trabajos.

¿Cómo habría operado el mecanismo?

Uno de los aspectos centrales de la querella es la forma en que se adjudicaban y fiscalizaban los contratos al interior de Vialidad. El CDE cita un informe de Contraloría que detectó una “nula segregación de funciones”, debido a que los mismos funcionarios que participaban en las comisiones evaluadoras posteriormente actuaban como inspectores fiscales de los contratos adjudicados.

En la práctica, quienes intervenían en la selección de las empresas también podían supervisar la entrega de materiales y autorizar los pagos correspondientes.

Sin embargo, para el Consejo de Defensa del Estado, estas irregularidades irían más allá de simples deficiencias administrativas. El organismo sostiene que habría existido un acuerdo previo para favorecer a CMoller SpA, empresa que obtuvo al menos 33 licitaciones de Vialidad Coquimbo entre 2021 y 2022.

Según la querella, el presunto mecanismo habría permitido generar una apariencia de cumplimiento contractual mediante informes de recepción con información falsa, certificando materiales que presentaban deficiencias técnicas, cantidades inferiores a las pagadas o que nunca habrían sido entregados.

De esta manera, el CDE plantea que habría existido una actuación concertada entre funcionarios públicos y el representante de la empresa, Gustavo Contreras Gutiérrez, a quien atribuye participación como presunto coautor del fraude al Fisco.

Estas imputaciones deberán ser acreditadas durante la investigación penal.

La responsabilidad atribuida al exdirector

Respecto de Óscar Vilches, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que habría tenido una participación directa en el mecanismo investigado.

La querella le atribuye haber visado bases administrativas, adjudicado contratos y designado reiteradamente a funcionarios que integraron comisiones evaluadoras, algunos de los cuales posteriormente desempeñaron labores de inspección fiscal.

Para el organismo, estas decisiones habrían contribuido a generar las condiciones que permitieron aprobar pagos por suministros que no cumplían las exigencias técnicas o que no habrían sido entregados.

En este punto, el CDE diferencia las actuaciones atribuidas a los involucrados.

Mientras a los inspectores fiscales se les cuestiona principalmente la emisión o validación de informes de recepción presuntamente falsos, respecto de Vilches se enfatiza su intervención en las decisiones administrativas adoptadas como director regional.

El organismo considera que esas actuaciones formarían parte del presunto fraude y no constituirían únicamente una falta de supervisión.

En cuanto a Villagrán y Geraldo, la querella cuestiona su participación en evaluaciones y labores de fiscalización. Respecto del empresario Gustavo Contreras, sostiene que habría aportado certificados y emitido facturas que posibilitaron obtener los pagos investigados.

Estas imputaciones deberán ser acreditadas durante el proceso penal.

El computador del exdirector

Otro antecedente incorporado en la querella se relaciona con el computador institucional utilizado por Vilches.

Según el documento, tras su desvinculación formal del cargo, el 16 de mayo de 2022, el equipo fue encontrado sin archivos de trabajo ni correos electrónicos institucionales.

La situación fue informada por Claudia Araya Cisternas, quien asumió como directora regional subrogante.

El CDE recoge además la declaración del entonces jefe de Informática de Vialidad, Mario Guzmán Pastén, quien sostuvo que la eliminación de archivos y correos no podía explicarse por un desperfecto fortuito, sino que apuntaba a una intervención intencional.

La querella atribuye a Vilches responsabilidad en la eliminación de esa información y solicita conocer los resultados del peritaje informático realizado por la Policía de Investigaciones.

No obstante, la autoría material de la eliminación de archivos y su eventual relación con los delitos denunciados son materias que deben esclarecerse judicialmente.

Buscan recuperar los recursos

Además de impulsar la investigación penal, el CDE manifiesta su intención de presentar una demanda civil para obtener indemnizaciones por el perjuicio fiscal denunciado.

Para ello, solicita diligencias que incluyen declaraciones de funcionarios y peritos, revisión de antecedentes bancarios y tributarios, además de información patrimonial de los querellados y de la empresa.

El objetivo es reconstruir el destino de los recursos públicos e identificar eventuales bienes que permitan responder por los perjuicios.

Las versiones de los involucrados

Consultado por Diario El Día respecto de los antecedentes contenidos en la querella, el exdirector regional de Vialidad, Óscar Vilches, declinó referirse por ahora a las acusaciones.

“Mi abogado está estudiando los antecedentes y por el momento no puedo comentar nada”, manifestó.

Asimismo, este medio solicitó la versión de Pablo Geraldo y José Luis Villagrán sobre las imputaciones formuladas por el CDE. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta de ninguno de ellos.

Por su parte, desde la Seremi de Obras Públicas de Coquimbo señalaron que corresponde a la justicia emitir los pronunciamientos respectivos y agregaron que “debemos respetar ese proceso”.

De esta manera, será la investigación penal la que deberá determinar si las irregularidades descritas constituyen delitos y establecer las eventuales responsabilidades individuales en un caso que involucra recursos destinados a mejorar la infraestructura vial de la Región de Coquimbo.

UN MISMO FUNCIONARIO EVALUABA Y FISCALIZABA

Según la querella del CDE, funcionarios de Vialidad participaban en las comisiones que evaluaban las ofertas y posteriormente fiscalizaban los mismos contratos, certificando la recepción de materiales. Este mecanismo habría permitido autorizar pagos millonarios por suministros defectuosos, incompletos o que nunca fueron entregados, mediante informes presuntamente falsos.