Acusación contra Rabat enfrenta dudas jurídicas y falta de apoyo político

La oposición está impulsando una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sustentando su libelo en una serie de argumentos jurídicos que apuntan a la vulneración de normas nacionales e internacionales producto de la rebaja de penas a condenados por abuso sexual a menores de edad y violadores de Derechos Humanos. 

Entre los principales fundamentos promovidos por parlamentarios como el diputado Raúl Soto y la diputada Gael Yeomans, se argumenta una infracción directa a la Ley de Garantías de la Niñez y a tratados internacionales ratificados por Chile.

De acuerdo con los acusadores, las resoluciones del ministerio habrían vulnerado el principio de interés superior del niño, el cual sujeta cualquier decisión administrativa o judicial a la protección de la víctima menor de edad.

Asimismo, se imputa la inejecución de leyes, sosteniendo que se habrían dejado sin aplicación efectiva aquellas normas que restringen los beneficios y rebajas de penas para abusadores y violadores de menores.

En concreto, la acusación busca encuadrarse en las causales del artículo 52 de la Carta Fundamental, que faculta la acusación a ministros de Estado por infringir la Constitución o las leyes, o por haberlas dejado sin ejecución. Quienes respaldan el libelo afirman que la dictación de los decretos que viabilizaron estas reducciones otorga un sustento jurídico sólido, además al repudio ciudadano y al impacto sobre las víctimas.

Sin embargo, el avance del libelo enfrenta complejos reparos. Sectores del oficialismo, junto a analistas como el profesor Luis Felipe Vergara de la Universidad Andrés Bello, advierten que el cuestionamiento se sitúa más en el plano del reproche ético y político que en una infracción legal estricta.

A este debate sobre la pertinencia del instrumento se suma un factor determinante: la evidente falta de acuerdos y votos suficientes en el Parlamento para asegurar la viabilidad de la acusación.