Acusación contra ministro Rabat divide a parlamentarios de la región

Las repercusiones por las rebajas de condenas a personas condenadas por delitos graves continúan generando diferencias en el Congreso.

Luego de que la oposición confirmara que impulsará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, parlamentarios de la Región de Coquimbo manifestaron sus distintas posturas frente a la controversia, que también ha puesto en cuestión el actuar del Gobierno. Ello, con más fuerza, luego que durante este viernes, se confirmara la salida del gobierno del subsecretario de Justicia, Luis Silva.

Desde el Partido Comunista, el diputado Bernardo Salinas defendió la necesidad de avanzar con el mecanismo constitucional, argumentando que la situación no puede quedar sin consecuencias y que las decisiones administrativas adoptadas terminaron instalando una sensación de impunidad.

En esa línea, cuestionó la respuesta entregada por el Ejecutivo durante la sesión especial de la Cámara Baja, asegurando que el Gobierno tuvo la oportunidad de entregar antecedentes y explicar lo ocurrido, pero que no logró satisfacer las interrogantes planteadas por los parlamentarios.

"El ministro tuvo una gran oportunidad para reconocer el horror que ocurrió, porque no fue solamente un error, fue un horror. El Presidente de la República también ha tenido la facultad y la potestad de remover a su ministro y a su secretario, dando una señal básica de reparación y justicia", sostuvo.

Salinas aseguró, además, que la acusación constitucional seguirá adelante independiente de que Rabat presente su renuncia, pues, a su juicio, es necesario establecer las responsabilidades políticas y llegar hasta las últimas consecuencias.

"Esto no es una cuestión de un sector político ni de un punto político. Es la reparación mínima que podemos entregar a la dignidad y a la conciencia colectiva de todo Chile", agregó.

Una postura similar manifestó la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, quien sostuvo que el país necesita conocer quiénes tomaron las decisiones, bajo qué criterios y dónde se encuentran las responsabilidades políticas, considerando que entre los beneficiados hubo condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, además de personas vinculadas a otros ilícitos graves.

"El ministro debe hablar con claridad, dar explicaciones a las víctimas y a la ciudadanía, asumir su responsabilidad política y dar un paso al costado. No es posible que una situación de esta gravedad quede sin consecuencias ni que las víctimas vuelvan a ser invisibilizadas", afirmó.

Por su parte, la diputada comunista Nathalie Castillo apuntó también al rol del Presidente José Antonio Kast, cuestionando que mantenga su respaldo al titular de Justicia pese a los cuestionamientos surgidos por la controversia.

"Las decisiones del ministro Rabat revictimizan a las familias y debilitan la confianza en la justicia. No podemos normalizar que decisiones de esta gravedad se tomen sin asumir las consecuencias que tienen para las víctimas y para el país", indicó.

En ese sentido, Castillo llamó a que las distintas fuerzas políticas respalden la acusación constitucional, planteando que también existe una responsabilidad del Mandatario por mantener al secretario de Estado en su cargo.

Criterio de la Corte Suprema

No obstante, el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs, llamó a revisar las responsabilidades de todos los organismos involucrados y cuestionó que el debate se centre exclusivamente en la figura del ministro Rabat.

"Si vamos a discutir responsabilidades por las rebajas de condenas, discutámoslas todas. No corresponde apuntar únicamente al ministro Rabat y dejar fuera del debate a los ministros de la Corte Suprema que adoptaron decisiones similares", planteó.

El parlamentario sostuvo que una acusación constitucional debe contar con fundamentos sólidos y responder a un criterio coherente, evitando que se transforme en una herramienta de carácter político.

"Debemos revisar cada responsabilidad bajo el mismo criterio y, sobre todo, corregir las normas que permiten beneficios injustificados a delincuentes peligrosos. Nuestra prioridad siempre debe ser proteger a las víctimas", enfatizó.