Caso Rabat: diputados exigen responsabilidades y debaten salida a la crisis

Una profunda división política y una alta preocupación social han generado las recientes decisiones del Ministerio de Justicia vinculadas a la rebaja de condenas a abusadores sexuales. Frente a este escenario, diputados de la Región de Coquimbo analizaron si la salida del titular de la cartera, Fernando Rabat, permitiría dar una salida efectiva a la crisis institucional que enfrenta el Ejecutivo.

Aunque existe una coincidencia generalizada en que la dimisión del secretario de Estado no resolverá de fondo el problema generado, gran parte de los parlamentarios locales coinciden en que la remoción del cargo representa una señal política indispensable e ineludible.

Desde el Partido Comunista, la diputada Nathalie Castillo enfatizó que si bien la renuncia no soluciona el conflicto, resulta imperativa por razones de probidad pública. “No soluciona la crisis, pero hay un deber moral, ético y de Estado que las autoridades deben cumplir, entre ellos cuidar y proteger a niños, niñas y adolescentes, junto con dar cumplimiento irrestricto a estas condenas. Estamos diariamente solicitando su renuncia y preparando la acusación constitucional”, aseveró la parlamentaria.

En una línea similar, el diputado independiente pro PC, Bernardo Salinas, señaló que el Ejecutivo debió actuar de forma categórica solicitando la salida de Rabat y de su equipo directo. “Sacar al ministro de Justicia no soluciona el problema. Lo va a sacar porque tiene que sacarlo, es la mínima señal que puede hacer, la mínima señal es sacar a su ministro y a su subsecretario”, argumentó.

Asimismo, cuestionó el uso del criterio de la autoridad. “¿Cómo se revierte esto? Primero, tiene que hacer un mea culpa, pedir perdón nacional y reversar absolutamente, porque no es un problema de ley. No es que la ley no existiera o no lo permitiera. Aquí hubo una discrecionalidad y una voluntad consciente del ministro, de todo su gabinete y asesores de rebajar las penas a estos violadores, verdaderos monstruos”, dijo. 

En contraste, el diputado de la UDI, Marco Sulantay, apuntó a la gestión legislativa como el camino real de solución, catalogando el conflicto como una disputa del sector oficialista. “Es un problema político y, más específicamente, un desencuentro entre el Gobierno, los partidos y los parlamentarios que lo apoyamos. Por eso, ni la salida del ministro ni ninguna acción performática o mediática de la izquierda le va a entregar las soluciones que necesitan las víctimas y sus familias. Acá se necesita legislar”, sostuvo.

Sulantay recordó además que en la comisión de Constitución de la Cámara, los partidos Comunista, Socialista, PPD y FRVS votaron en contra del proyecto de ley que busca corregir con urgencia el vacío legal que benefició a los delincuentes con su libertad anticipada. “Más claro, imposible”, sentenció.

Por su parte, la diputada Eileen Urqueta (PDG) se mostró favorable a que el Presidente José Antonio Kast remueva a la autoridad, destacando la necesidad de transparentar la toma de decisiones al interior de la cartera. “Bajo su conducción, el Ministerio de Justicia cambió el criterio con que se resolvían estas rebajas de condena. Le corresponde asumir la responsabilidad política por esa decisión y sus consecuencias”, afirmó.

Urqueta añadió que el Gobierno debe transparentar quién recomendó el cambio de criterio, quién lo autorizó, qué advertencias se recibieron y cómo se revisó cada caso.

Finalmente, remarcó que el Estado debe acompañar de inmediato a los afectados: “Una familia que hoy tiene miedo necesita saber a quién acudir y qué va a hacer el Estado para protegerla”.