Región de Coquimbo tiene el reto de ejecutar $52 mil millones en el último trimestre

A dos meses de finalizar el año, el Gobierno Regional de Coquimbo enfrenta un importante desafío presupuestario. Al 30 de septiembre de 2026, la ejecución de su programa de inversión alcanzaba apenas un 42,4%, cifra que ubica a la región en el lugar 13 entre las 16 del país y 9,3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que llega al 51,7%.

Aunque el resultado representa una recuperación respecto del mismo periodo de 2025, cuando la ejecución llegaba al 34,2%, el ritmo de gasto continúa lejos de los niveles históricos de la región. De hecho, entre 2010 y 2025, el promedio de ejecución presupuestaria a septiembre alcanzó un 57,3%, casi 15 puntos porcentuales por encima del registro actual.

Las cifras oficiales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) muestran que, de un presupuesto total de $91.553 millones, el GORE ha devengado $38.782 millones al cierre del tercer trimestre. Esto significa que durante los últimos tres meses del año deberá ejecutar otros $52.771 millones para evitar que recursos presupuestados deban ser devueltos al fisco.

La preocupación del sector productivo

La situación también genera inquietud en el mundo gremial, desde donde advierten que la baja ejecución puede repercutir en el dinamismo económico regional.

Al respecto, Ricardo Guerrero, gerente de CIDERE, criticó que durante todo el año la región haya figurado consistentemente entre los últimos lugares en materia de ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales.

“Es una situación que preferiríamos no tener, pero como entidad empresarial no nos corresponde juzgarla. ¿Cuál es la causa, qué falta? Para nosotros la clave radica en cómo ayudamos, cómo nos conectamos desde las empresas y el mundo académico, de modo que se pueda revertir la situación. En un año que ha sido tan complejo para el país y la región, con tantas incidencias climáticas y una economía deteriorada, no hay ningún peso que sobre en el presupuesto de las instituciones públicas”, sostuvo.

Por su parte, Marco Carrasco, presidente de la Multigremial de la Región de Coquimbo, planteó que el desafío es pasar de las conversaciones con las autoridades a resultados concretos.

“Hemos participado en espacios de diálogo, planteando la necesidad de agilizar los procesos y mejorar la coordinación institucional. Valoramos que nuestras observaciones hayan sido escuchadas y que exista disposición al diálogo, pero creemos que hoy el desafío es avanzar desde las conversaciones hacia acciones y resultados concretos”, afirmó.

El dirigente agregó que, si bien la inversión pública debe cumplir procedimientos técnicos y administrativos, es fundamental avanzar hacia una gestión más ágil y coordinada que permita destrabar iniciativas y acelerar los proyectos que necesita la región.

“Los recursos públicos no pueden quedarse solamente en cifras presupuestarias; tienen que transformarse en obras, infraestructura, inversión, oportunidades y empleo para nuestra región”, enfatizó Carrasco.

Burocracia y proyectos pendientes

Por su parte, el gobernador Cristóbal Juliá, reconoció que el avance de la ejecución presupuestaria todavía no es satisfactoria, aunque destacó la mejoría respecto del año anterior.

“Los recursos están disponibles, los proyectos existen y nuestra voluntad de avanzar es absoluta. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la excesiva burocracia del nivel central y los interminables procedimientos administrativos retrasen inversiones que nuestra región necesita con urgencia”, manifestó Juliá.

La autoridad regional aseguró que se han realizado gestiones y coordinaciones para destrabar iniciativas, pero insistió en la necesidad de contar con mayor agilidad en los procesos administrativos.

“No es aceptable que las regiones tengamos recursos para invertir y debamos enfrentar procesos que terminan frenando su ejecución. La descentralización también significa confiar en las regiones y permitirles avanzar”, sostuvo el gobernador.

Una mirada similar planteó la consejera regional, Paola Cortés, quien señaló que las dificultades no dependen exclusivamente de la gestión del GORE, sino también de los procedimientos que deben cumplir los proyectos ante organismos centrales.

En ese sentido, mencionó que existen convenios y transferencias que todavía esperan la toma de razón de Contraloría. También se refirió a iniciativas pendientes como el Centro Comunitario de Coquimbo y el Mercado del Mar.

Asimismo, indicó que recientemente se realizó una modificación presupuestaria superior a los $3.000 millones para apoyar el programa de empleabilidad durante noviembre y diciembre, recursos que también deben completar los trámites correspondientes.

El consejero regional, Juan Barraza, coincidió en que existen iniciativas pendientes de aprobación y sostuvo que la meta es alcanzar entre un 95 y un 96% de ejecución al cierre del año. Para ello, llamó, a los municipios a presentar proyectos que permitan utilizar los recursos disponibles.

No obstante, reconoció que en ocasiones se realizan transferencias a última hora para cumplir las metas presupuestarias, una situación que, a su juicio, debería evitarse mediante una mayor planificación y una cartera de iniciativas municipales.

Por su parte, el consejero, Pedro Valencia, sostuvo que la ejecución presupuestaria enfrenta dificultades por la cantidad de trámites que deben cumplir los proyectos y las restricciones que impone el nivel central.

Aunque reconoció que la cartera de iniciativas ha mejorado respecto del año anterior, advirtió que también existen devoluciones de recursos por parte de servicios que no alcanzan a ejecutar los fondos transferidos.

En tanto, la consejera, Ximena Ampuero, planteó que para los próximos años se debe avanzar hacia una mayor inversión en infraestructura y equipamiento, evitando que el cumplimiento de las metas dependa principalmente de transferencias a otras instituciones.

Finalmente, el consejero Lombardo Toledo señaló que existen entre 40 y 50 proyectos aprobados que todavía permanecen en distintas instancias administrativas, como Contraloría, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia o las unidades jurídicas, lo que retrasa su materialización.