Informe del Core acusa a gobernadora de serias irregularidades

Tras cinco meses de trabajo, en la sesión ordinaria de este martes del Consejo Regional, se dio a conocer el informe elaborado por la comisión especial fiscalizadora conformada por nueve consejeros regionales, quienes se abocaron a dar cuenta de una serie de hechos y denuncias que han marcado hasta ahora, la gestión de la gobernadora Krist Naranjo.

En un documento de 26 páginas, al que tuvo acceso Diario El Día, se explica que fueron una serie de hechos – como la denuncia por presunto mal uso de un vehículo fiscal por parte de la gobernadora – los que impulsaron a constituir dicha comisión, cuyo objetivo era “fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales por parte del ejecutivo del Gobierno Regional”.

En ese sentido, se explica que la comisión “se ha abocado a recopilar información que permita acreditar si el actuar de la Ejecutiva del Gobierno Regional, Gobernadora Regional, Srta. Krist Naranjo Peñaloza, ha significado que haya incurrido en acciones u omisiones que signifiquen una contravención grave al principio de la probidad administrativa o transgrediere, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución Política de la República y las demás normas que regulan el funcionamiento del gobierno regional, y en aquellos casos en que una acción u omisión, que le sea imputable, cause grave detrimento al patrimonio del gobierno regional, o afecte gravemente la actividad de éste destinada a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad regional”.

Al respecto, entre los resultados de las acciones realizadas, se explica que, “de todos los antecedentes tenidos a la vista, merecen especial atención aquellos en que este Consejo Regional advierte que estaríamos en presencia a una contravención grave al principio de probidad y ante acciones u omisiones que transgreden, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada la normativa que regula el actuar del Ejecutivo del Gobierno Regional conforme lo establece la Constitución Política de la República y las leyes correspondientes”.

En atención a lo anterior, la investigación amplió su margen de acción y enfocó sus observaciones en cinco hechos: uso indebido de vehículo fiscal, viaje al extranjero con fondos públicos, maltrato a funcionarios, baja ejecución presupuestaria FNDR 2022, e incumplimiento de acuerdos del Consejo Regional.

Respecto al primer punto, en el informe se recuerda que esto se originó a raíz de una denuncia realizada por el ex chofer de la gobernadora, Eduardo Torres Plaza, quien acusó “uso indebido de vehículo fiscal por parte de la Srta. Gobernadora Regional”, en la cual se citan una serie de denuncias, como traslados de la autoridad a una cita médica, al supermercado, a malls en La Serena y Coquimbo, compra de medicamentos, o el traslado del hijo de gobernadora a supermercado y la universidad.

En ese sentido, en el informe se hace hincapié en que, según la legislación vigente, “los vehículos de los entes estatales están destinados al cumplimiento de las funciones propias de los mismos, sin que, por tanto, pueda entenderse que su uso corresponde privativamente a determinados servidores”.

Respecto a los viajes al extranjero, se señala que si bien, la ley no exige a la gobernadora regional requerir permiso o comunicación anticipada al Consejo Regional para disponer de sus cometidos nacionales ni internacionales, “la disposición de recursos públicos en días que no se comprenden dentro de cometidos, sin programa o invitaciones, con reiterados cambios de pasajes injustificados sí afectan tanto la transparencia del gasto público como la transparencia en el accionar de la autoridad regional al desconocerse el programa y fines del cometido”.

Al respecto, se mencionan los viajes realizados a México, Argentina y Egipto “sin programa claro y con reiterados cambios de pasajes que han generado un gasto”, el cual según el documento, asciende a “$11.406.507, destacándose que el presente monto corresponde solo a los viajes internacionales, no se considera los traslados aéreos desde Santiago y La Serena”.

Además de lo anterior agrega el informe de la comisión, se debe agregar que, “por cambios de pasajes o pérdidas de estos, la autoridad regional ha incurrido adicionalmente de las arcas fiscales sobreprecios por conceptos de multas por $920.589, multas que por lo demás no están siendo detalladas en las ordenes de compras”.

Es por ello que se exige que “la autoridad de cuenta de los viajes realizados, los programas y/o invitaciones, las justificaciones por las cuales se produjeron sucesivos cambios de pasajes para determinar el responsable del pago de los mismos”.

Sobre la relación con los funcionarios, el documento de la comisión especial da cuenta que, desde la asunción de Krist Naranjo como gobernadora regional, se han generado numerosas  desvinculaciones o no renovaciones de contratas o término contrato de honorarios, totalizando hasta ahora 14 funcionarios desvinculados.

Pero la investigación llama la atención sobre el hecho de que en cada denuncia presentada, se hace mención a un acoso laboral ejercido por la gobernadora  Krist Naranjo.

Esa situación, se asegura en el informe, llevó inclusiva a la Mutual de Seguridad “a iniciar durante el mes de septiembre la aplicación de la Encuesta Istas 21 (encuesta psicosocial), en todos los funcionarios del Edificio de Prat 350, dada la existencia de una enfermedad de salud mental, de origen laboral, generando detrimento al patrimonio del Gobierno Regional”.

“Dicha actitud de acoso laboral”, se agrega, “es absolutamente personal de la Gobernadora Regional, dado que es una conducta que ella genera a través de agresión u hostigamiento verbal o escrito reiterados, a través de cualquier medio, teniendo como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo (Ley 20.607) y esas acciones personales han generado un detrimento al patrimonio del Gobierno Regional”.

Respecto a la baja ejecución presupuestaria que presenta la región, el informe indica que hasta el momento sólo se ha ejecutado poco más del 48% del presupuesto –equivalente a más de 32 mil millones de pesos – cifra muy por debajo del 69% de ejecución al mes de noviembre de 2021.

En ese sentido, se han identificado algunos problemas, como la falta de registro de procesos licitatorios de las Unidades Técnicas que permita efectuar seguimiento, la gran cantidad de días transcurridos desde la asignación de recursos y la firma de Convenio, falta de procedimiento del Proceso de Asignación, programación y control presupuestario, pérdidas de RS de varias iniciativas y carteras de proyectos con problemas.

No obstante, el informe destaca “la demora en la firma de la documentación propia de la Gobernadora Regional para la concreción de las iniciativas”, lo que a juicio de los consejeros, “genera un perjuicio para el servicio y más que nada a la comunidad que espera se dé respuesta a sus necesidades”, prolongación que, de no tener justificación explican, “da origen a responsabilidad administrativa”, según la ley vigente.

Por último, la comisión especial fiscalizadora apunta al incumplimiento o sencillamente, la omisión por parte de la gobernadora, para materializar los acuerdos acordados por el consejo.

Ello afirman, ha afectado a una serie de iniciativas que se encuentran incumplidas, entre las que se destacan informar sobre el proceso de designación del comité directivo local del Servicio Local de Educación, solicitar oficiar al MOP sobre el túnel Agua Negra, solicitar información sobre el proyecto de tranvía para La Serena-Coquimbo, gestionar la aprobación del Programa de Pavimentos Participativos o la solicitud de priorizar el Programa Minero presentado por la seremi de Minería.

En ese sentido se explica, “las funciones del Gobierno Regional no puedan, en caso alguno, detenerse ni verse entorpecidas sin razón justificada, por lo que la autoridad ejecutiva de dicho órgano se encuentra impedida de dilatar excesivamente o sin justificación la materialización de los referidos acuerdos”.

Al respecto, los consejeros consignan un antiguo pronunciamiento de la Contraloría Regional de Valparaíso de 1993 (N°4773 de 14 de octubre de 1993) en el que consultado si “sería posible que el Intendente se abstuviera de disponer la ejecución de lo acordado por el Consejo “, indica la Contraloría Regional “sobre el particular cabe señalar que, en términos generales, ello no resulta posible, incluso en el evento que llegare a estimar que el acuerdo no se ajusta a derecho; por cuanto por una parte la ley no le ha conferido potestades de contralor de los acuerdos del Consejo Regional y, por la otra, su función, una vez adoptado el acuerdo, se limita a formalizarlo”.

Consultado por el informe, el presidente de la comisión, el consejero Cristian Rondanelli, lo calificó el documento como “contundente”,  pues éste “contiene los insumos necesarios para poder llevar a cabo tanto acciones colectivas como individuales por parte de los consejeros regionales, algo que lo vamos a ir definiendo en los próximos días”.

En efecto, este es uno de los puntos esenciales tras la presentación del informe, pues a partir de ahora, se abren las puertas para que los representantes regionales puedan ejercer diversas acciones ante organismos jerárquicos de carácter superior en contra de la gobernadora Krist Naranjo, como la Contraloría o tribunales ad hoc.

Y en ese sentido pues, cabe preguntarse, si esas “otras acciones” podrían llevar, eventualmente, a una posible destitución de la gobernadora de su cargo.

Al respecto, el consejero Wladimir Pleticosic, aclaró que algo como eso, “derechamente no depende de los consejeros. Pero lo que sí depende de los consejeros es poder entregar, a partir de toda esta investigación que se hizo, todos los antecedentes ante las instancias respectivas en este caso”, puntualizó.

Y es que según el consejero Javier Vega, este documento, “nos permite conocer una gran cantidad de faltas cometidas por este gobierno regional, ya sea omisiones, faltas a la ética y a la probidad con los recursos públicos. Hoy día tenemos todos los elementos e insumos para dar otro paso que puede ser en la Controlaría o en el tribunal electoral, u otras instancias. Pienso que es eso lo que debemos hacer, pues con los últimos despidos injustificados de funcionarios se llegó a la gota que rebalsó el vaso”, subrayó.

“Hoy día todos los consejeros nos damos cuenta que la gobernadora no está haciendo bien las cosas, que le está haciendo daño a la Región de Coquimbo con sus acciones pero hoy tenemos la posibilidad concreta de tomar acciones más profundas”, agregó el representante por Elqui.