Solo 5 de 15 municipios tienen plan para reducir riesgos ante desastres

La Región de Coquimbo enfrentó en julio uno de los temporales más destructivos de las últimas décadas. Siete personas perdieron la vida en distintos puntos del territorio, mientras las lluvias y la activación de quebradas y cauces dejaron viviendas dañadas, caminos destruidos, localidades aisladas y obligaron a desplegar una gigantesca operación de emergencia.

Entre las víctimas se encuentran Albertina Valdés y Madelen Soto, fallecidas en Cruz de Caña; Jocelyn Franco Figueroa, en Cajón del Romero; Óscar Ramos Olave, hallado en el humedal El Culebrón; Pablo Caimanque, en Chacay Alto; José Luis Cortés, en Quebrada Honda, y una séptima persona que falleció por hipotermia en el sector de Islón con El Libertador, en La Serena.

Detrás de este doloroso saldo humano y de los cuantiosos daños materiales quedó una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva: ¿cuánto de esta tragedia era posible anticipar y cuánto de sus efectos pudo haberse mitigado antes de que llegaran las lluvias?

La interrogante cobra fuerza al revisar el estado de los instrumentos comunales que, precisamente, están diseñados para trabajar antes de que ocurra una emergencia.

Según antecedentes de SENAPRED, de las 15 municipalidades de la Región de Coquimbo, solo cinco cuentan actualmente con su Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) formalizado mediante decreto alcaldicio: La Serena, Coquimbo, Vicuña, Combarbalá y Andacollo.

A ellas se suman cuatro comunas que se encuentran en proceso de elaboración: La Higuera, Illapel, Canela y Punitaqui.

Esto significa que seis municipios —Paihuano, Ovalle, Monte Patria, Río Hurtado, Salamanca y Los Vilos— no figuran actualmente ni entre aquellos que tienen el instrumento formalizado ni entre los que se encuentran elaborándolo, de acuerdo con el estado informado.

El contraste resulta particularmente llamativo si se considera que el catastro de SENAPRED identifica más de 1.800 puntos críticos en las 15 comunas de la región, 450 de ellos catalogados como de muy alto riesgo. Monte Patria, Vicuña, La Serena y Paihuano concentran una parte importante de estos sectores.

Una herramienta para prevenir

La diferencia entre un Plan Comunal de Emergencia y un Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres es clave.

El primero está orientado principalmente a organizar la respuesta cuando una emergencia ya está ocurriendo: coordinación, evacuaciones, rescates, albergues y disposición de recursos.

El segundo opera antes del desastre.

La Ley N°21.364 establece que la gestión del riesgo considera las fases de mitigación y preparación, además de la respuesta y recuperación. La propia legislación define la mitigación como el conjunto de medidas destinadas a reducir los riesgos existentes, evitar la generación de nuevos riesgos y limitar los impactos adversos de las amenazas.

Asimismo, la normativa establece que los Planes Comunales para la Reducción del Riesgo de Desastres son instrumentos destinados precisamente a las fases de mitigación y preparación. Su aprobación corresponde al alcalde, previo acuerdo del Comité Comunal, y debe materializarse mediante decreto alcaldicio.

La Ley de Municipalidades, además, señala expresamente que corresponde a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres elaborar tanto el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres como el Plan Comunal de Emergencia.

Por eso, el problema no pasa simplemente por contar o no con un documento administrativo.

El plan constituye una herramienta para conocer las amenazas, identificar vulnerabilidades, establecer medidas de mitigación y preparar a las comunidades frente a escenarios que, en muchos casos, ya han ocurrido anteriormente.

Y la Región de Coquimbo tenía antecedentes suficientes para conocer dónde se encontraban algunos de sus principales puntos de peligro.

Cruz de Caña: la advertencia

El caso de Cruz de Caña es probablemente uno de los ejemplos más evidentes. Antes del temporal, el Programa Invierno 2026 de SENAPRED ya identificaba este sector rural de Coquimbo como un punto de “Muy Alto Riesgo”, debido a la posibilidad de remociones en masa, derrumbes y caída de rocas asociadas a la saturación de los suelos. El catastro incluso señalaba la necesidad de reforzar medidas de mitigación.

Días después, Cruz de Caña se transformó en uno de los epicentros de la tragedia regional.

La activación de quebradas afectó viviendas, caminos y vehículos, además de dejar víctimas fatales. La dimensión de lo ocurrido terminó confirmando, en los hechos, la vulnerabilidad que había sido advertida previamente por el organismo técnico.

La pregunta que queda abierta, entonces, no es solamente si el riesgo podía conocerse, sino qué medidas concretas se habían adoptado para reducirlo, qué mecanismos de evacuación existían, qué información había recibido la población y qué obras o restricciones territoriales se habían implementado antes de que el agua volviera a bajar por los cauces naturales.

Es justamente allí donde la existencia y aplicación de un Plan Comunal RRD adquiere especial relevancia.

Una región expuesta

El escenario adquiere todavía mayor importancia si se considera la geografía regional.

Quebradas, ríos, esteros, pendientes y extensas áreas rurales atraviesan las 15 comunas de Coquimbo. El catastro de SENAPRED identifica puntos críticos asociados a inundaciones, activación de quebradas, remociones en masa, desbordes y pérdida de conectividad en prácticamente todo el territorio regional.

Monte Patria, Vicuña, La Serena y Paihuano concentran un importante número de puntos críticos. En Limarí aparecen también sectores vulnerables en Ovalle, Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado, mientras que en Choapa SENAPRED identifica zonas expuestas en Los Vilos, Salamanca, Canela e Illapel.

La paradoja es evidente: el mapa de amenazas existe, los puntos críticos están identificados y la legislación estableció instrumentos específicos para actuar antes de una emergencia, pero solo un tercio de los municipios de la región tiene actualmente su Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres formalizado.

Y después de un temporal que dejó siete víctimas fatales, además de severos daños en distintos puntos de la región, el estado de estos instrumentos deja de ser una discusión meramente administrativa. La emergencia vuelve a poner sobre la mesa una interrogante fundamental: qué se está haciendo hoy para reducir los riesgos que ya se conocen antes de que una nueva emergencia vuelva a ponerlos a prueba.

CChC advierte brecha en prevención e infraestructura

El presidente de la CChC La Serena, Giovanni Innocenti, advirtió que el hecho de que solo cinco comunas de la región cuenten actualmente con un Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres constituye una brecha que debe ser abordada.

El dirigente explicó que estos instrumentos no reemplazan a los planes reguladores, pero deben estar estrechamente coordinados con ellos para que la identificación de amenazas y vulnerabilidades se traduzca en acciones preventivas concretas.

Innocenti recordó además que, según el Índice de Desarrollo Sostenible elaborado por la CChC, la Región de Coquimbo presenta una brecha de infraestructura cercana a los US$12.500 millones, de la cual aproximadamente un 63% se concentra en recursos hídricos, movilidad interurbana y ciudad.

“El desafío no es solamente que existan los instrumentos, sino que la información que contienen se traduzca efectivamente en decisiones de planificación, inversión e infraestructura resiliente. La reconstrucción debe ser una oportunidad para cerrar esas brechas y construir una Región de Coquimbo mejor preparada”, sostuvo.