La crónica de una muerte anunciada

En octubre de 2011, la empresa Comsa de Chile S.A., filial de la española Comsa EMTE en nuestro país, se adjudicó las obras de mejoramiento de la “Ruta D-35 La Cantera” en Coquimbo, ofertando $7.371.172.589, cifra que significó cerca de 2 mil millones menos que el presupuesto oficial que había estipulado el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que ascendía a $9.428.615.486.

La noticia fue muy bien recibida en la zona, toda vez que se mejoraba una de las principales vías estructurantes entre las ciudades de La Serena y Coquimbo, trascendental también para la conexión con la comuna de Ovalle y donde circulan a diario diversos camiones con destino al puerto.

De hecho, en noviembre de 2011, el entonces ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, se hizo presente en Coquimbo para firmar el acta a través de la cual el Estado traspasaba a Comsa los terrenos necesarios para materializar el proyecto. “Es una vieja aspiración, muy importante, que se complementa con una serie de otras obras”, manifestaba en esa oportunidad.
En diciembre de ese mismo año se iniciaron los trabajos. Pero 5 meses después comenzaron los problemas para la empresa constructora. En mayo de 2012, se conoció la noticia de que sostenía deudas con 8 empresas regionales por sus servicios de movimiento de tierra y arriendo de maquinaria pesada. No había habido cancelaciones desde que habían comenzado las obras.

En junio de 2012 surge una importante voz de alerta. A nivel nacional se informaba que la firma de capitales españoles había abandonado los trabajos que estaba llevando a cabo en la Ruta G-60, que conecta Melipilla y el Camino de la Fruta, los que no habría continuado producto de los problemas económicos que la aquejaban.
Los reclamos de subcontratistas se repitieron en octubre de 2012, esta vez afectando a 10 pymes. Ecomnor, Humeres y Sermicon se encontraban entre ellas. El hecho causó revuelo en esa oportunidad. Hubo reuniones de autoridades y la compañía española se comprometió a revisar los contratos impagos con proveedores y a garantizar el curso normal de las obras.

Pero, casi como una historia sinfín, en enero de 2013 nuevamente se vio a empresas protestando. En esa oportunidad hubo incluso tomas de la carretera. La autoridad volvió a intervenir. La empresa se comprometió a solucionar el tema y a acelerar la construcción de las obras, que a esas alturas tenían un avance sólo de un 27%, en consecuencia de que deberían haber estado entregadas en junio de este año.

Ya en esta ocasión, comenzaron a surgir las primeras voces que solicitaban que se le pusiera fin al contrato con Comsa. De hecho, el seremi de Obras Públicas, Luis Cobo, sostuvo una reunión con el Consejo Regional, pero desde la dirección de Vialidad del MOP en Santiago consideraron que no era prudente tomar una acción como ésta, pues las obras ya tenían un avance y la empresa, otra vez, se comprometía a que seguirían su curso.

“Las decisiones no son instantáneas, la situación que existía en enero en La Cantera era de un riesgo bastante importante, con accesos cortados a las villas del sector, pero se hicieron reuniones con la empresa, se hicieron algunos acuerdos en términos de avance y poder justamente implementar medidas de seguridad tanto en los accesos como en la ruta”, sostuvo Cobo. La autoridad precisó que hubo evidencia de que los acuerdos tomados en esa oportunidad fueron respetados en enero y febrero, “pero en marzo empezaron nuevamente con los problemas”.

De hecho, en febrero de 2013, El Día logró conversar con el gerente general de Comsa, Antonio Llamosa, quien salió al paso de las críticas y señaló que se habían resuelto varios de los inconvenientes que presentaron y que se retomaba el ritmo de trabajo.

“Lógicamente, como toda obra urbana, tiene una serie de complicaciones añadidas como en este caso todas las condiciones de contorno, que han influido mucho”, manifestaba.

Asimismo, agregaba que “estamos gestionando una nueva reprogramación de las obras, pues todas las condicionantes que nos hemos ido encontrando se han ido liberando en este tiempo y a partir de abril se puede planificar a ciencia cierta una reprogramación o plan de trabajo que nos dé celeridad, pero lógicamente con la extensión de la faja de trabajo, tiene que ajustarse a lo que tenemos que realizar y que sea lo más rápido posible”.

En este sentido, reconocía que no estaban en condiciones de finalizar en junio como estaba previsto, pero aseguró que la culminación en la construcción de esta doble vía no pasaría de diciembre. “Sí, eso será así, yo he sido acomedido y mesurado en mis respuestas, pero esto se lo digo con una cierta seguridad, esto estará terminado el 2013. Eso es completamente seguro”, enfatizó.

EXPLOTA LA BOMBA

Todo iba bien, existía la confianza de que se cumplirían los compromisos, pero el viernes 22 de marzo recién pasado todo se vino abajo. El MOP anunciaba que ponía término al contrato que se mantenía con Comsa, debido a los reiterados incumplimientos en los que habría incurrido esta empresa en el desarrollo de la obra. Asimismo, esta cartera confirmaba que la firma les informó que estaban en proceso de quiebra.

“Se hicieron todas las gestiones para sacar adelante este proyecto e incluso, la empresa asumió algunos compromisos que hasta los meses de enero y febrero se fueron cumpliendo, con avances en la pavimentación. Pero al parecer los problemas de la misma eran mayores, pues se habrían declarado en quiebra, por lo que se tomó esta determinación”, indicó el seremi de Obras Públicas, Luis Cobo.

El secretario regional hizo énfasis en que “obviamente hay un compromiso con el proyecto” y que “se va a agilizar al máximo este proceso administrativo y esperamos en el más breve plazo reiniciar las obras”.

Respecto de las opciones que se barajan para encontrar a una nueva empresa que se haga cargo de los trabajos, explicó que “estamos estudiando eso con la Fiscalía del ministerio, de manera de hacer ese proceso lo más rápido posible. El primer paso es liquidar, estamos analizando las distintas alternativas para ver si es que pudiéramos hacer un trato directo o algún otro tipo de contrato de manera más rápida. Está en análisis ese tema y dentro de las próximas semanas vamos a tener una respuesta, por ahora estamos trabajando en la liquidación, que es la primera etapa que tiene que cumplirse”, precisó.

LAS AMENAZAS DE QUIEBRA

La noticia generó revuelo, esta obra emblemática se atrasaba, los vecinos alegaban por las incomodidades que se les generan con este nuevo aplazamiento, surgieron las críticas, la incertidumbre de cómo se elegiría la nueva empresa y cuánto tiempo se demoraría este proceso.

Pero, sin dudas, quienes sintieron más fuerte este golpe fueron los ya mencionados subcontratistas de Comsa. Son más de 10 pymes locales que señalan que, de no recibir el apoyo de las autoridades, se irán a la quiebra. Según calculan los afectados, en total lo adeudado llegaría a los 250 millones de pesos.

Para muchos de ellos, estos montos impagos se arrastran desde septiembre de 2012 y aseguran que, en este escenario, la quiebra es inminente.

Freddy Rojas, quien prestó servicios de arriendo de camiones, cuenta que su situación se ve en extremo complicada, pues ya perdió su casa para poder subsanar sus compromisos. Incluso, tuvo dificultades de salud. Su señora asumió las gestiones, pero sin lograr resultados. “Nunca dieron la cara, hemos estado tratando de que la empresa nos reciba en Santiago, pero no hemos conseguido nada”, señaló. Le quedaron debiendo los meses de julio, agosto y septiembre de 2012.

Esta visita a las oficinas de Comsa la han realizado la mayoría de ellos. Dicen sentirse desprotegidos, toda vez que tienen que seguir cumpliendo sus obligaciones de pago de impuestos y contribuciones, pero la ley no los protege cuando suceden estos casos de quiebra. Ante esta situación, dicen que se pondrán en contacto con parlamentarios y autoridades de la zona para ver cómo los pueden apoyar. “Estamos endeudados, nos han quitado casas y vehículos, alguien tiene que hacer algo”.

Hernán Rivera, quien tenía a disposición de la obra 2 camiones aljibe, dice que ya no encuentra salida. “De todos lados he tenido que ir sacando recursos para tapar los hoyos que esto nos provoca. Hemos cumplido con todos los pagos, nos han quitado casas y vehículos y ahora nos dejan así, quiebra la empresa y nos quedamos sin nada”, expresa.

Milko Vilches, quien arrendaba camiones, señala que “todos acá estamos endeudados con los bancos. Tengo que pagar ahora y le expliqué a ellos que la empresa con la que estaba trabajando quebró, pero no tengo excusas y me van a quitar lo que compré con ese crédito”.

Y eso no es todo. Esta demora en los pagos conllevó a que se publicara la mora en el boletín comercial. “Nos llaman tres o cuatro veces al día cobrándonos, tenemos amenazas judiciales y, además, no podemos girar cheques, porque en ninguna parte los reciben cuando uno tiene una mora. El problema económico es uno, pero hay otras cosas anexas, aquí se arrastra a la familia, el ámbito privado y, lo peor de todo, es que no se vislumbra una solución, no hay una garantía de que va a venir una nueva empresa y que va a cumplir con nosotros”, enfatiza.

Ahora lo que les queda esperar, aducen, es que termine el proceso de quiebra, que se nombre un síndico y que se les pueda dar prioridad de pago. Pero el problema, dicen, es que siempre en estos casos se le da prioridad a los hipotecarios de los bancos, luego los sueldos, cotizaciones e indemnizaciones. “Después viene todo el resto, y si es que queda algo de la liquidación se reparte algo en forma proporcional”, detalla Freddy Rojas.

En este caso, denuncian que existe un vacío legal en cuanto a los subcontratistas “por eso nosotros apelamos a una gestión política, porque es la única salida. Por la vía legal, no tenemos un respaldo para que nos paguen”, agrega Rojas.

El pesar que tienen, indica, es que esto es algo que se ha reiterado en otros proyectos. “el MOP sabe de estas cosas y siguen incurriendo en lo mismo. Ya con esta empresa en el 2012 había una muestra de que algo andaba mal. Van a llegar otras empresas y va a seguir pasando lo mismo, pasó con el estadio en Coquimbo, con el Eje Amunátegui y otras obras”.

La pregunta que cabe hacerse, indican, es “qué pasa con el Gobierno, con el Presidente de la República, que viven hablando del apoyo a las pymes, pero aquí nos tienen a todos por el suelo. Quién le pone el cascabel al gato aquí, esa es la gran interrogante que tenemos. Acá cunde una desesperanza total, no vemos una salida y tampoco un empuje de las autoridades que diga que esto tenemos que revertirlo, cambiarlo”, dice Rojas.

Tal vez la solución no está ahora “porque no vale la pena llorar sobre la leche derramada”, plantea, pero sí que se haga algo en el futuro y que “tengamos garantizado que si trabajamos con otra empresa se nos va a garantizar el pago por nuestro trabajo”.

“Tenemos deudas por 10, 11 o 15 millones de pesos y tenemos que pagar 3 millones en IVA, esto nos ha sepultado”, enfatizan. 3701iR