CARLOS FURCHE: "Este no es un proyecto que como Gobierno patrocinemos ni apoyemos"

Hace un par de días, las asociaciones de regantes y la Sociedad Agrícola del Norte (SAN) emitieron una declaración pública en contra de una reforma constitucional en materia hídrica que se está discutiendo en el Senado, por los efectos negativos que consideran provocará en la agricultura, principalmente pues, según señalan, propone derogar la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua.

En entrevista con El Día, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, se refirió a este tema y aclaró que se trata de una iniciativa que como Ejecutivo no están respaldando, pues las acciones del Gobierno en esta materia están expresadas en otro proyecto de ley que también fue ingresado al Parlamento referido a una reforma al Código de Aguas, el cual sí consideraría los objetivos a los que apunta el Ejecutivo en materia de recursos hídricos. Recalcó que la reforma constitucional, liderada por la senadora de la Región de Coquimbo, Adriana Muñoz, y la senadora Isabel Allende “no es un proyecto que nosotros patrocinemos ni apoyemos”.

-¿En qué está el proyecto de reforma al Código de Aguas que están impulsando como gobierno?

“Ya salió de la Comisión de Recursos Hídricos, está en la Comisión de Agricultura de la Cámara. Yo imagino que durante el mes de junio va a ser ya completamente tramitada e ingresada a la sala de la Cámara y de ahí pasará al Senado”.

-Hace unos días los agricultores y regantes emitieron una declaración pública pues consideran que otro proyecto, la reforma constitucional en materia hídrica, los perjudica. ¿Qué opinión tiene al respecto?

“Todo el mundo tiene derecho a expresarse y hacerlo de la manera que estime conveniente, pero ellos se refieren no al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que es la reforma al Código de Aguas, que es la posición del Gobierno respecto a este tema. La posición del Gobierno se expresa no sólo en declaraciones, sino que en actos concretos y el acto concreto es que nosotros enviamos a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara un proyecto de reforma del Código de Aguas y se está discutiendo”.

-En líneas generales ¿Qué es lo que el Ejecutivo plantea en esta iniciativa?

“Establece en primer lugar la prioridad para el consumo humano, sanciones más severas para aquellos que especulan con el agua, determina que los derechos de agua que se otorguen de aquí en adelante se otorgarán por un periodo de 30 años renovables, a condición de que su uso sea el para lo cual fue solicitado y establece la necesidad de respetar un caudal ecológico mínimo, tal como hoy día se señala en el Código de Aguas a partir de los derechos otorgados desde el 2005 en adelante. Lo que está en el Senado, que es a lo que se refiere esa declaración, es una iniciativa parlamentaria, no es del Ejecutivo y es una iniciativa que nosotros no estamos respaldando. Es una iniciativa de reforma constitucional, lo que está enviado por el Ejecutivo es un proyecto de ley que requiere la mayoría simple, porque no toca la Constitución”.

-¿Por qué el Gobierno no está respaldando esta iniciativa?

“No se está respaldando porque nosotros consideramos que es absolutamente necesario abordar el tema de los recursos hídricos desde la perspectiva de la inversión, desde la perspectiva de la mejor gestión y administración, desde la perspectiva del uso eficiente del recurso hídrico y, si no tenemos certidumbre jurídica, es muy difícil cumplir esos objetivos. Nos parece que ese proyecto que está en el Congreso no ayuda a cumplir los objetivos que el Gobierno se ha trazado en materia de recursos hídricos”.

-¿Avala entonces las declaraciones de los agricultores o las aprensiones que ellos tienen?

“Yo no tengo por qué avalar la posición de los agricultores, a mí lo que me corresponde es establecer la posición del Ejecutivo y esa es la que señalo, está expresada en el proyecto de ley enviado a la Cámara y este no es un proyecto que nosotros patrocinemos ni apoyemos”.

-¿Pero ustedes han sostenido diálogos con los agricultores, conversaron del tema?

“Nosotros hemos tenido muchas reuniones con ellos aquí y en mi oficina en Santiago, sabemos lo que ellos piensan y ellos saben lo que nosotros pensamos, no necesariamente tenemos acuerdo completo respecto de los recursos hídricos, sin perjuicio de lo cual nosotros defendemos nuestro proyecto”.

-¿Cuáles son los plazos que manejan para que la iniciativa impulsada por el Gobierno pueda ser aprobada?

“Depende de las urgencias que se vayan colocando, la propia Comisión de Agricultura nos pidió un tiempo para hacer un debate más razonado, con la posibilidad de escuchar a los distintos actores. Eso ya ocurrió y en este momento se están votando las distintas indicaciones, estamos en la fase final de esa votación y yo espero que una vez que esto ingrese a la sala de la Cámara discutamos con la mesa de la Cámara en función de la agenda legislativa completa, porque además hay otras iniciativas, no es la única”.

-¿La iniciativa del Gobierno no plantea, entonces, derogar los derechos de agua?

“Jamás se ha planteado eso, nunca, lo que se ha planteado no afecta a los derechos de agua ya otorgados, la situación cambia a partir de los derechos que se van a otorgar ahora, en que se les fija este plazo máximo de 30 años”.

¿El agua, un negocio?

-¿Se transformó en un negocio el tema del agua?

“Efectivamente, hay un conjunto de fenómenos que hace décadas no existían, en primer lugar porque hay disputa por el agua entre distintos sectores productivos, en segundo lugar porque es un bien que es cada vez más escaso y efectivamente tiene un mayor valor de mercado y en consecuencia. es posible que surjan actividades económicas vinculadas al agua que en el pasado no ocurrían. Lo que nosotros queremos también es recuperar el agua como un bien nacional de uso público, creemos que eso es esencial y por eso está la reforma que se tramita en la Cámara”.