Abogada querellante espera que presuntos carabineros agresores cumplan penas de prisión

Durante la jornada de este miércoles se conoció que el Juzgado de Garantía de La Serena decretó medidas cautelares y firma mensual contra cuatro carabineros, imputados por el Ministerio Público como presuntos autores de los delitos de detención irregular contra un habitante del sector de Las Compañías, en La Serena, por ilícitos que habrían tenido lugar en la Sexta Comisaría de Carabineros durante el año 2016.

Según se señaló en la demanda, los involucrados habrían sorprendido a la eventual víctima en el hall de acceso grabando con un teléfono celular una conversación por otros supuestos hechos violentos en este recinto policial, por lo que le habrían detenido de manera irregular y golpeado en una celda, quedando luego en libertad pero sin que quedara registro de lo ocurrido en los libros de guardia.   

Andrea Guzmán Herrera, abogada querellante de la persona presuntamente afectada por estos apremios ilegítimos conversó con El Día respecto de la determinación del Juzgado de Garantía de La Serena en relación a las medidas cautelares, la formalización de los imputados por parte de la Fiscalía y las diligencias que fueron ordenadas por el Ministerio Público.

La jurista hizo hincapié en que “para la etapa investigativa en la que estamos está bien. Lo que no creo que esté bien es que estos carabineros sigan trabajando. Es más, el más antiguo de ellos, que es suboficial, fue separado de la institución por sustracción de bienes.  Entonces, a mí me llama mucho la atención que Carabineros reconozca eso pero no que existió el uso de violencia, ya que ellos tenían conocimiento de estos hechos hace más de un año. En el fondo, echamos a un carabinero porque se apropia de bienes, pero no lo hacemos por una detención ilegal, por un secuestro o por apremios ilegítimos. Entonces ¿cuál es el parámetro de gravedad en cada caso?”, se pregunta esta abogada.

A su juicio, lo más complejo de todo es que estos funcionarios policiales siguen trabajando. “Quizás podemos asegurar que no se acercarán a las víctimas de este caso, pero nada certifica que no hayan más víctimas, por eso me parece que debieran ser sacados del servicio. No estoy de acuerdo con el desempeño de Carabineros en las acciones que han aplicado hasta el momento, pero si con la Fiscalía”, aseguró.

Con respecto de los plazos de la investigación, Guzmán tiene buenas expectativas, ya que según la orden del magistrado Pedro Rojas tendrá un plazo de 40 días. "Están los audios, los reconocimientos, los testimonios de testigos. Yo espero que la Justicia le aplique el máximo rigor, porque de lo contrario puede ser un retroceso tremendo en la democracia en nuestro país”, indicó Guzmán.

SUMARIO

Cabe señalar que el coronel Luis Carrera, prefecto de Coquimbo, afirmó que “la institución, mucho antes que comenzara la formalización de estos carabineros ya había iniciado un sumario administrativo interno por la gravedad de estos hechos, datos que remitiremos cuando correspondan”.

Sin embargo, la abogada Guzmán indicó que “si yo, por ejemplo, como en este caso, denuncié a Carabineros en abril del 2016, a más tardar en julio Carabineros debiera haber tenido una resolución administrativa respecto a esta situación. A mi juicio, si un sumario se reabre en este momento, significa que el prefecto en ese tiempo, el hoy general (Rolando) Casanueva, no hizo el trabajo y esto simplemente no les importó, sólo porque se trató de un chico de Las Compañias, intachable, que trabaja como guardia de seguridad. Cualquier acción que hoy tomen, sólo es para salvaguardar su imagen”, recalco la jurista.

“Nuestra intención es poder demostrar que hubo un secuestro y un daño tormentoso contra mi defendido”. Andrea Guzmán Herrera, abogada querellante.

FIRMA MENSUAL

Sin embargo, para la abogada una correcta determinación fue haber decretado para los cuatro imputados medidas cautelares como arraigo nacional, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y firma mensual. A su juicio, la más importante fue la aplicación de firma mensual. “La verdad, es que ellos no querían, porque quien lo hace asume un hecho, y yo consideraba que era necesario que concurrieran todos los meses, para tener la certeza de que cumplieran con el arraigo”.

Lo que esta abogada querellante espera es “que se haga la aplicación máxima de le ley, porque efectivamente puede tener atenuantes como la irreprochable conducta anterior pero también pueden haber agravantes, como ser empleados públicos y ser carabineros. Nuestra intención es poder demostrar que hubo un secuestro y un daño tormentoso. Lo que esperamos es que puedan cumplir una prisión y ser dados de baja. Mi defendido tiene un estrés postraumático y eso no debe olvidarse, además de que aún siente dolores tras los golpes recibidos, pero lo más grave es que hay un daño moral”, concluyó. 3802i