ECONOMÍA

74% de recursos contra Tesorería por deudas del CAE son inadmisibles

La Tesorería General de la República reveló que la gran mayoría de las acciones judiciales de deudores del CAE no prosperaron, dejando apenas 24 casos en...
sábado 16 de mayo de 2026

Un complejo panorama judicial enfrentan los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de que la Tesorería General de la República (TGR) informara que la gran mayoría de los recursos de protección interpuestos contra el organismo fueron desestimados por los tribunales del país.

Según los datos entregados por la institución, de un universo total de 1.968 recursos de protección vinculados a esta materia, las diversas Cortes de Apelaciones declararon la inadmisibilidad de 1.453 acciones. Esta cifra representa cerca del 74% de la ofensiva judicial desplegada por los usuarios del sistema de financiamiento educativo.

A nivel local, la Corte de Apelaciones de La Serena figura entre los tribunales donde sí se registraron admisiones, aunque en una cifra menor: solo 24 casos fueron declarados admisibles en la capital regional. Este número contrasta con lo ocurrido en otras jurisdicciones como Talca (102) y Valparaíso (99), que lideraron la recepción de estas causas.

En el desglose nacional de inadmisibilidad, la Corte de Santiago encabezó la lista con 569 resoluciones, seguida por San Miguel (197), Concepción (146) y Rancagua (58). Por su parte, la Corte Suprema también ha seguido esta tendencia, declarando inadmisibles 239 apelaciones presentadas por los recurrentes hasta la fecha.

Desde la Tesorería General de la República valoraron los dictámenes emanados de la justicia. A través de un comunicado, el organismo señaló que:

“estos resultados reflejan la solidez jurídica de las actuaciones de la TGR en materia de cobranza y recuperación de recursos asociados al financiamiento estatal de la educación superior”

Hasta el momento, solo 236 recursos en todo Chile han logrado ser declarados admisibles para su tramitación de fondo. El escenario actual deja a los deudores con escaso margen de acción judicial inmediata, mientras la TGR reafirma la legalidad de sus gestiones de cobranza en el marco del financiamiento estatal.