El decreto que genera alarma en la salud pública

La salud pública enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años tras la entrada en vigencia del Decreto 333, disposición presupuestaria que establece una reducción de $413 mil millones al Ministerio de Salud (MINSAL). La medida impacta tanto a hospitales de alta complejidad como a la Atención Primaria de Salud (APS), generando preocupación entre trabajadores, municipios y dirigentes gremiales.

Ante este panorama, la FENATS nacional inició un despliegue por distintas regiones del país para alertar sobre las consecuencias del ajuste presupuestario. En ese contexto, el presidente nacional del gremio, Emerson Berríos, aseguró a diario El Día que la situación es “gravísima e irresponsable”, advirtiendo que el recorte afectará directamente la capacidad de atención del sistema público.

“No estamos frente a un simple ajuste contable, sino ante una decisión política que va a golpear la capacidad de atención de la salud pública. El propio Decreto 333 reduce en $413 mil millones el presupuesto del Ministerio de Salud”, afirmó.

Según explicó el dirigente, la disminución de recursos afectará al Fondo Nacional de Salud (FONASA), a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a la atención primaria y al financiamiento basal de los hospitales públicos.

Berríos sostuvo que, a diferencia de otros sectores del Estado, un recorte en salud no implica disminuir gastos administrativos, sino restringir herramientas esenciales para la atención de pacientes. “Cuando se recortan recursos en salud, se reducen medicamentos, insumos, reemplazos, horas clínicas y capacidad hospitalaria. Más de 15 millones de personas dependen del sistema público”, enfatizó.

Dueda y presión financiera

Uno de los elementos que más inquieta a los gremios es que la reducción presupuestaria ocurre en medio de un déficit histórico del sistema sanitario. De acuerdo con FENATS nacional, la deuda de arrastre del sector supera actualmente los $516 mil millones.

“Lo que hace este decreto es profundizar el déficit estructural de hospitales y servicios de salud en todo Chile. El sistema ya venía funcionando bajo una presión extrema”, indicó Berríos.

Otro de los puntos cuestionados es el recorte del 2,5% destinado a la extensión horaria de la atención primaria de salud. Según los trabajadores, la medida repercutirá en la compra de insumos, la cobertura de turnos, la contratación de reemplazos y el funcionamiento de pabellones y urgencias.

“Esto ocurre en medio de una profunda crisis del sistema público y afectará directamente las listas de espera”, agregó el dirigente.

Municipios y servicios de salud

La situación también encendió las alarmas entre los municipios. La Asociación Chilena de Municipalidades sostuvo reuniones con el MINSAL para analizar el impacto del ajuste y coordinar estrategias de cara al Presupuesto 2027.

En La Serena, desde el municipio aseguraron que no permitirán que la reducción presupuestaria afecte la continuidad de las prestaciones. “De ser necesario, realizaremos traspasos de recursos municipales para subsanar cualquier falencia”, señalaron desde la casa consistorial.

Asimismo, recordaron que la ministra de Salud comprometió, durante su reciente visita a la Región de Coquimbo, que las prestaciones de la salud municipal no se verán afectadas.

Desde el Servicio de Salud Coquimbo, su director Ernesto Jorquera, llamó a la calma y planteó que el concepto de “recorte” no refleja completamente la dinámica presupuestaria actual.

Según explicó, el presupuesto operacional inicial proyectado para este año era cercano a los $122 mil millones, registrando posteriormente una baja de 2,6%. Sin embargo, tras mecanismos de compensación y la incorporación de nuevos recursos asociados al programa oncológico, el monto vigente alcanza actualmente los $124 mil millones.

“Si uno mira desde el presupuesto de apertura al actual, tenemos un 2,3% más que el monto original. No ha habido una dinámica que pueda llamarse recorte”, afirmó.

Jorquera detalló que el plan de contingencia institucional se enfocará en optimizar el gasto mediante control del ausentismo laboral, revisión de licencias médicas y reducción de compras ágiles fuera de Mercado Público. Además, destacó medidas de ahorro local como la futura unidad de diálisis de Vicuña y mejoras en el control de inventarios del hospital de La Serena. El debate sigue abierto hoy.