Amigo y socio de Cristian Muñoz afirma que "nunca compré nada con plata robada"

Una extensa jornada se vivió este viernes en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, en el marco del juicio por el millonario fraude al Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, causa que investiga un perjuicio fiscal superior a los $762 millones y que ya mantiene a nueve personas condenadas mediante procedimientos abreviados y juicios simplificados.

Durante la quinta jornada del juicio oral declararon los últimos tres imputados del caso: el publicista Carlos Rodríguez y los hermanos Natalia y Rodrigo Vallejo Martínez, quienes entregaron detalles respecto a la emisión de boletas ideológicamente falsas y la circulación de dinero al interior de la estructura investigada por el Ministerio Público.

La fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita encabezada por la excoordinadora del Departamento de Salud de la corporación, Nicole Cadena, junto a su pareja, Cristian Muñoz, quienes habrían liderado un mecanismo para defraudar recursos públicos mediante pagos por servicios que nunca fueron prestados.

Sin embargo, la declaración que concentró la atención de la audiencia fue la de Carlos Rodríguez, apuntado por los querellantes como una persona cercana a Muñoz y Cadena, además de uno de los denominados “brazos operativos” de la organización.

Ante los jueces, Rodríguez relató cómo conoció a Cristian Muñoz en 2008, cuando compartía oficina en Copiapó con un tío de este último. Según explicó, años después retomaron contacto y en junio de 2019 conformaron MUCAD, holding que agrupaba áreas de publicidad, inversiones y obras civiles menores.

Rodríguez sostuvo que quedó a cargo del área publicitaria con un sueldo mensual de 800 mil pesos, mientras Muñoz lideraba las otras divisiones de negocio. Agregó que el estallido social y posteriormente la pandemia de COVID-19 afectaron el proyecto inicial, lo que derivó en que la empresa Vital Medical tomara protagonismo mediante la realización de operativos PCR.

“Salíamos a operativos y hacíamos 200 PCR de 65 mil pesos cada uno. La empresa iba para arriba, viajábamos al sur, a Salamanca, Collahuasi y varias partes. En la oficina de La Serena las personas hacían filas para hacerse los exámenes. Llegamos a 900 PCR”, declaró.

De acuerdo con su versión, fue en ese contexto cuando Cristian Muñoz le solicitó utilizar sus claves tributarias para emitir boletas relacionadas con asesorías a la Corporación Gabriel González Videla.

“Me dijo: ‘Carlos, estoy haciendo unas asesorías y no puedo cobrarlas porque Nicole trabaja allá’, por lo que me solicitó mis claves para hacer las boletas”, afirmó.

Rodríguez aseguró que nunca obtuvo ganancias adicionales por dichas operaciones y que solo recibió el sueldo correspondiente a sus labores en MUCAD. En ese sentido, indicó que transfirió más de 54 millones de pesos a Cristian Muñoz y que además devolvió poco más de 3 millones durante el proceso judicial.

Asimismo, señaló que tomó conocimiento de la investigación cuando el caso se hizo público en la prensa. “Siempre pensé que era el único que facilitaba una boleta irregular”, sostuvo Rodríguez.

Durante su declaración también abordó las consecuencias personales que, según indicó, ha enfrentado desde su formalización. Recordó que permaneció cinco días recluido en la cárcel de Huachalalume y que actualmente cumple arresto domiciliario total.

Respecto de los bienes cuestionados por la investigación, defendió el origen de una motocicleta BMW y un vehículo Gran Vitara, afirmando que fueron adquiridos mediante la venta de otra motocicleta, retiros de fondos previsionales y un préstamo de su padre.

“Nunca compré nada con plata robada”, manifestó ante el tribunal.

En la parte final de su testimonio reconoció responsabilidad en la facilitación de boletas ideológicamente falsas, aunque negó haber participado en la planificación del fraude.

“Yo asumo que cometí un delito facilitando las boletas, sabiendo que era un delito. Obviamente, como todos los involucrados, me arrepiento enormemente de haber participado directa e indirectamente de él”, expresó.

Además, cuestionó el rol que le atribuye la fiscalía dentro de la supuesta asociación ilícita.

“Yo sí fui un brazo operativo, pero de las actividades de trabajo concretas, no de las actividades ilegítimas”, indicó.

El imputado concluyó señalando que el proceso judicial ha provocado un profundo desgaste emocional y económico tanto para él como para su entorno familiar.

“Ha sido un periodo negro. Lo único que queremos es que termine para poder dar vuelta la página”, afirmó.

Posteriormente declararon los hermanos Natalia y Rodrigo Vallejo Martínez, quienes reconocieron haber facilitado sus boletas de honorarios sabiendo que se trataba de una situación irregular.

Ambos señalaron que fue su madre, Carolina Martínez, quien les solicitó las claves del Servicio de Impuestos Internos y los involucró en el mecanismo. Según relataron, el dinero era posteriormente entregado a Bélgica Guerra, exsecretaria del Departamento de Salud de la corporación.

Los hermanos admitieron que recibían pagos que fluctuaban entre 70 mil y 160 mil pesos, dependiendo del monto de las boletas emitidas, mientras que el resto de los recursos era entregado físicamente a su madre para que esta se los hiciera llegar a Bélgica Guerra. Posteriormente, con el paso de los meses, la modalidad cambió y comenzaron a realizar transferencias directamente a Guerra o a Cristian Muñoz.

El fiscal del caso, Carlos Vidal, señaló que uno de los medios de prueba más relevantes fue el levantamiento del secreto bancario, autorizado por el Juzgado de Garantía de La Serena, lo que permitió obtener las cartolas de los imputados y establecer los destinatarios finales de los fondos, quienes también figuran como imputados en la causa.

No hubo beneficios económicos

Tras la audiencia, el abogado defensor de Carlos Rodríguez, Carlo Silva, sostuvo que su representado solo facilitó sus claves de acceso al Servicio de Impuestos Internos para la emisión de boletas, pero no obtuvo beneficios económicos derivados del fraude.

“Hubo retorno del 100% de los dineros que a él ilegítimamente le entregaron con motivo de prestaciones que nunca se realizaron”, afirmó el defensor.

Silva aseguró además que Rodríguez mantenía vínculos laborales previos y legítimos con Cristian Muñoz y Nicole Cadena en sociedades relacionadas con centros médicos y laboratorios clínicos, descartando que existiera un rol jerárquico dentro de una organización criminal.

“Creemos que mi defendido no puede ser condenado por asociación criminal ni por lavado de activos porque no tiene cantidades percibidas ni aprovechadas por él”, argumentó.

El abogado añadió que, en el peor escenario judicial, su representado podría enfrentar un reproche penal por facilitar la emisión de boletas falsas, pero no por fraude al fisco, debido a que no tenía calidad de funcionario público.

Hombre de confianza

Por su parte, el abogado querellante en representación del municipio de La Serena, Adrián Vega, sostuvo que las declaraciones de los imputados han ido reforzando la tesis del Ministerio Público respecto a la existencia de una asociación ilícita liderada por Nicole Cadena y Cristian Muñoz.

“Creemos que se ha ido probando lo que señala la carpeta investigativa de la fiscalía. Tan clara era, que por eso todos los imputados han tenido que confesar”, afirmó Vega.

El querellante cuestionó particularmente la versión entregada por Carlos Rodríguez, señalando que resulta “inverosímil” que desconociera el origen ilícito de los recursos involucrados.

“Él mismo se llamó brazo operativo. Era un hombre de confianza de Cristian Muñoz, trabajaba en distintas áreas y no es una persona con baja cultura ni inexperta en actividades comerciales”, sostuvo.

Vega agregó que las transferencias de dinero y el vínculo directo con los principales acusados hacen presumir una participación más relevante dentro del mecanismo investigado.

Concluida esta etapa de declaraciones de imputados, el juicio continuará el lunes con la presentación de prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, en un proceso que todavía se proyecta extenso y donde la fiscalía buscará acreditar la existencia de una estructura organizada para defraudar recursos públicos destinados al área de salud municipal.