Seguridad municipal: exigen que guardias se subordinen a Carabineros

Un controvertido episodio reciente, donde un funcionario de seguridad municipal rechazó ser fiscalizado por Carabineros de Chile y fue retirado del sitio por sus propios compañeros, encendió las alarmas sobre la relación entre las policías y los guardias comunales. Este hecho va más allá de la anécdota, pues expone la compleja tensión entre el compañerismo institucional y el respeto irrestricto a la legislación vigente. Ante este escenario, surge la interrogante sobre cómo deben actuar estos agentes cuando un par es requerido por la justicia, recordando la importancia de los roles en una sociedad democrática donde la ley prima sobre cualquier corporativismo.

La nueva normativa que regula la seguridad municipal define con claridad que, aunque las municipalidades cumplen un rol coadyuvante clave en la prevención del delito, sus funcionarios deben estar estrictamente subordinados a las directrices de las policías en el terreno. De esta manera, se busca evitar que el resguardo de los barrios dependa de criterios particulares o de una sumatoria de voluntades sin dirección unificada. La lealtad laboral es un valor comprensible, pero ningún funcionario puede quedar exento de las fiscalizaciones legales de la autoridad competente.

Por esta razón, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), mediante su Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal (CEGES), lidera un proceso técnico para unificar doctrinas y procedimientos con las policías de nuestro país. La meta es superar la improvisación en el patrullaje local y construir un estamento con lineamientos nacionales estandarizados. Este debate sobre la capacitación y límites de los guardias locales se conecta directamente con discusiones regionales previas sobre si es viable o no entregar más herramientas de defensa a inspectores.

El fortalecimiento de estas unidades vecinales no pasa solo por entregar equipamiento de protección física, sino por una rigurosa preparación técnica. Los inspectores municipales requieren capacitarse en materias críticas como el uso legítimo de la fuerza, análisis criminal territorial, georreferenciación de delitos y evaluación de patrones delictuales. Asimismo, deben dominar a cabalidad el marco legal de la detención en flagrancia y las técnicas de control del espacio público bajo estándares de derechos humanos.

Para lograr esta nivelación, la AChM ya coordina mesas de trabajo con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y las policías, con el respaldo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El propósito definitivo de estos esfuerzos es asegurar que cada inspector conozca con precisión sus atribuciones y responsabilidades en la vía pública, garantizando que cada intervención en las comunas responda únicamente a la búsqueda de seguridad para la ciudadanía y no al beneficio de intereses particulares.