Deudores del CAE: "Tienen que pagar" recalca el Gobierno tras fallos

La ofensiva judicial por los embargos a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) sumó un tenso capítulo luego de que el Gobierno fijara una postura tajante, insistiendo en que las deudas contraídas se deben cumplir de manera obligatoria. El pronunciamiento oficial ocurre tras una serie de resoluciones contradictorias emitidas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, un escenario de incertidumbre que anticipa una inminente definición por parte de la Corte Suprema para resolver el mecanismo de cobro aplicado a miles de personas.

El tribunal de alzada de la región porteña generó desconcierto al dictar fallos contrapuestos. Por un lado, la Tercera Sala acogió un recurso de protección que dejó sin efecto el procedimiento de cobro contra una deudora, argumentando que las deudas derivadas del CAE no pueden ejecutarse mediante la normativa tributaria y que someter a los afectados a este mecanismo vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Sin embargo, otras salas del mismo tribunal rechazaron de plano cuatro recursos similares, concluyendo que la Tesorería General de la República (TGR) actuó dentro de las facultades legales vigentes para recuperar recursos fiscales.

Esta pugna se produce en medio de un contexto de mayor presión estatal para recuperar fondos públicos, coincidiendo con el despliegue del plan de contingencia donde la TGR ha iniciado una cobranza masiva a nivel nacional. Al respecto, Matías Pascuali, director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, matizó la discrepancia judicial señalando que no refleja necesariamente doctrinas jurídicas opuestas en el tribunal, sino diferencias que responden a los antecedentes particulares entregados en cada caso. El experto coincidió en que el criterio unificado quedará en manos del máximo tribunal del país.

El fondo del debate radica en determinar si el Estado puede cobrar estas deudas utilizando los apremios expeditos del Código Tributario o si debe recurrir a las vías civiles ordinarias. El abogado tributario y académico de la USACH, Rodrigo Benítez, detalló que el recurso que sí fue acogido por la Corte de Valparaíso apuntó de manera particular a una duplicidad en el cobro. En regiones, la judicialización de estos casos también registra reveses importantes para los deudores, como ocurrió recientemente cuando la Corte de La Serena declaró inadmisible un recurso de protección similar presentado por una afectada de la comuna de Ovalle.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, desestimó que la disparidad de fallos altere la prioridad del Gobierno, llamando a no perder de vista el origen del conflicto y la responsabilidad contractual de los exestudiantes. La autoridad fue enfática al respecto:

"Acá lo que importa es el tema de fondo: personas que tienen una deuda durante muchos años y que hoy día tienen que pagar"

Ante este escenario de interpretaciones jurídicas contrapuestas, los deudores de créditos estudiantiles quedan a la expectativa de un criterio judicial unificado. Será finalmente la Corte Suprema la instancia que deba entregar un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del polémico mecanismo de embargo tributario aplicado por el Fisco.