Vuelos, visas y niños haitianos sin rastro: las claves del caso que mantiene en alerta al Gobierno

Cientos de niños haitianos —al menos 200— llegaron a Chile en 2025. Varios de ellos supuestamente, en medio de procesos que tenían como fin la reunificación familiar, pero que al mismo tiempo carecían de los controles migratorios y la documentación necesaria para acreditar dicha situación. Igualmente se les dejó ingresar. Ahora, Chile enfrenta una crisis sin precedentes en la materia. ¿La razón? Nadie ha podido responder dónde están todos esos niños, y la cifra de desaparecidos podría ser todavía mayor.

Estamos hablando de ingresos que no ocurrieron a través de pasos irregulares en la frontera, sino que fueron autorizados por el propio Estado de Chile, entrando nada menos que a través de vuelos chárter que durante el año pasado —y al parecer también en años anteriores— aterrizaban en la losa del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Lo anterior fue revelado este lunes por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, que accedió a un preinforme reservado de la Contraloría General de la República, el cual permitió dar cuenta de la gravedad de la situación.

Desde entonces, políticos, organismos y autoridades de entre todo el aparato estatal han entregado su balance de la situación, añadiendo piezas a un puzzle que sigue sin resolverse. ¿Dónde están los niños? Esto es lo que sabemos hasta el cierre de esta publicación:

Primeras señales y avisos

De acuerdo con los antecedentes recabados por este medio, las alertas se remontan, al menos, a enero de 2023. El Servicio Nacional de Migraciones informa a la DGAC sobre un vuelo chárter desde Puerto Príncipe con 98 menores a cargo de solo dos adultos; la aerolínea cancela el vuelo ante la falta de documentación.

De acuerdo con el exdirector de Migraciones, Luis Thayer, la administración de la época presentó denuncias ante el Ministerio Público contra agencias de viaje y aerolíneas por posibles nexos con redes de tráfico de personas, lo que abrió investigaciones que continúan en curso.

La situación también había llegado a conocimiento de la Defensoría de la Niñez, que en enero emite el Oficio N°133/2023 advirtiendo la “insuficiencia de la respuesta estatal” frente a niños migrantes y propone una mesa técnica. Pocos meses después, en mayo, alertó que esta no tuvo continuidad.

Pese a lo anterior, un año después, en mayo de 2024 Thayer firma el Memorándum N°1886/2024, que flexibiliza la solicitud de documentos para haitianos, permitiendo aceptar certificados de nacimiento sin legalización ni trámite consular.

Ese mismo año fue cuando se registró el peak de residencias temporales otorgadas a ciudadanos haitianos (10.412 visas), cifra que duplica la del año anterior y que actualmente está bajo la lupa.

En agosto y septiembre, la Defensoría insistió mediante diversos oficios sobre la falta de protocolos de enrolamiento y registro biométrico, los cuales no reciben respuesta formal del gobierno.

Durante el primer trimestre de 2025 aterrizan múltiples vuelos chárter (aerolíneas Galistair, Aruba y Caribbean Sun) con un elevado número de niños bajo la figura de reunificación familiar. Por ejemplo, en febrero de 2025 se aprueban permisos para tres niños cuyo padre (el solicitante) había muerto un mes antes del viaje. Pese a esto, los menores ingresan al país sin que el sistema detecte la anomalía.

Un vuelo chárter es un vuelo que no forma parte de los itinerarios comerciales habituales de una aerolínea. En lugar de que la compañía aérea venda pasajes al público general, se utiliza un avión completo para una ruta, pasajeros y horario específicos.

En mayo, la PDI reconoce formalmente a la Defensoría que no existen protocolos específicos para el ingreso de menores por reunificación, aplicándose solo instructivos generales.

Recién en agosto de 2025, ante las dudas sobre la autenticidad de los documentos, Migraciones suspende el otorgamiento de visas de reunificación familiar desde el extranjero. Sin embargo, el 15 de octubre ocurre el incidente del vuelo WAL-801. Salen 124 niños de Haití, pero tras una escala no programada en Lima y un cambio de avión, aterrizan en Santiago solo 44 menores.

Ese mismo mes, el gobierno remueve al cónsul en Puerto Príncipe por denuncias de corrupción en la entrega de visas; desde entonces, Chile no tiene cónsul en Haití.

El preinforme de Contraloría

Este lunes 15 de junio, un preinforme reservado de la Contraloría, revelado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, dio cuenta de la existencia de un número importante de niños haitianos que llegaron al país durante 2025 bajo la figura de reunificación familiar. Lo anterior, con una escasa verificación de la relación efectiva entre los menores y los adultos que los acompañaban durante el viaje o al ingresar al país.

Se detectó que al menos 12 adultos ingresaron reiteradamente como supuestos responsables de grupos de entre 2 y 18 menores, sin tener vínculos de consanguinidad ni las autorizaciones legales exigidas.

La residencia temporal por reunificación familiar es un permiso que se entrega a las personas extranjeras que acrediten tener un vínculo con una persona chilena o extranjera titular de un permiso de residencia definitiva en ciertos casos. Por ejemplo, cuando se es cónyuge, hijo o progenitor, entre otros.

El sistema descansó principalmente en la información declarada por los interesados, sin que el Servicio Nacional de Migraciones validara datos críticos como domicilios o antecedentes de los tutores. Se detectaron 499 casos sin número de documento, datos duplicados y discrepancias significativas entre los registros de la PDI y los del Servicio Nacional de Migraciones.

En fiscalizaciones en terreno, la Contraloría no logró ubicar a gran parte de los niños en los domicilios declarados como destino final. Por ejemplo, en una muestra específica de 105 menores, el organismo no encontró rastro de 64 de ellos.

Así, el preinforme determinó que el Estado perdió la trazabilidad de estos niños, ya que la información se encuentra “en forma parcial, confusa o errónea”, lo que limita cualquier intento de seguimiento posterior. Se constató una falta de interoperabilidad y coordinación entre el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez.

Estalla el escándalo y se anuncian acciones legales

Las reacciones tras la publicación del preinforme de Contraloría no se hicieron esperar. El presidente José Antonio Kast calificó la situación como gravísima y aseguró que requiere la máxima atención del Estado. El biministro Claudio Alvarado señaló que, si el informe final de Contraloría confirma faltas concretas, las autoridades responsables deberán responder políticamente.

Por su parte, el ministro Martín Arrau, de Seguridad Pública, solicitó un informe específico a la PDI para esclarecer el paradero de los niños y fortalecer los puntos de control migratorio.

A nivel legislativo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, suspendió la sesión ordinaria de la Cámara Alta de este miércoles para centrar los esfuerzos en la desaparición de los menores. Se evalúa la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para esclarecer las omisiones institucionales que permitieron estos ingresos irregulares.

La noche de este 18 de junio, el presidente convocó a una reunión de emergencia en La Moneda con los presidentes de las Cámaras del Congreso, el Ministerio Público, la Corte Suprema y la Contraloría para coordinar acciones. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, fue designada como la encargada de la coordinación interministerial para articular los esfuerzos de todos los servicios públicos en la resolución de la crisis. Además, este jueves a las 08:00 se realizará una reunión ampliada por la desaparición de niños haitianos.

El actual director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, presentó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el delito de tráfico ilícito de migrantes reiterado, apuntando a adultos acompañantes, aerolíneas y agencias de viaje. Se anunció también la realización de un sumario administrativo para determinar responsabilidades individuales dentro del servicio una vez concluya la investigación de la Contraloría. Además, responsabilizó al Gobierno de Gabriel Boric.

El lunes, la Fiscalía Nacional abrió una causa penal bajo la dirección de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por posibles delitos de trata de personas, tráfico de migrantes, soborno y cohecho. El fiscal Eugenio Campos, de la Unidad Anticorrupción, enfatizó que la prioridad número uno del Ministerio Público es saber el destino y el bienestar de los menores desaparecidos.

Por parte de la DGAC, se reconoció que recibió alertas en 2025 y que mantiene un proceso sancionatorio contra la aerolínea Arajet, aunque recalcó que su rol es exclusivamente técnico-operativo y no migratorio.

A nivel internacional, UNICEF solicitó al Estado chileno aclarar con “máxima celeridad” el paradero de los niños y exigió conocer los mecanismos de búsqueda que se están implementando. Cadenas como Deutsche Welle (Alemania), El País (España) y Bloomberg (EE.UU.) también hicieron eco del caso, titulando sobre la desaparición de cientos de niños y la posible existencia de una red de tráfico en Chile.