GORE impulsa $18 mil millones para una reconstrucción que tardaría entre 3 a 5 años

Por Romina Onel

El intenso sistema frontal que durante varios días golpeó a la Región de Coquimbo dejó una extensa huella de destrucción en las tres provincias.

Las precipitaciones, que en algunos sectores superaron los 300 milímetros, provocaron el desborde de quebradas y cursos de agua, inundaciones, destrucción de viviendas, cortes de caminos y servicios básicos, además de graves daños en infraestructura pública y privada.

Las afectaciones fueron especialmente severas en sectores rurales, donde numerosas localidades quedaron aisladas y familias debieron ser evacuadas. La emergencia incluso cobró vidas humanas, escenario que llevó a decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y Alerta Sanitaria para toda la región.

Superada la fase más crítica, el gobernador regional, Cristóbal Juliá, aseguró que "la reconstrucción de la Región de Coquimbo requiere un esfuerzo extraordinario y, como Gobierno Regional, ya tomamos la decisión de priorizar nuestros recursos para enfrentar esta emergencia".

"Convocamos a una sesión extraordinaria del Consejo Regional para presentar una cartera histórica superior a los $18.600 millones, que contempla $6.000 millones para apoyar directamente a los municipios y $8.000 millones, junto a Corfo, para reactivar la economía mediante programas destinados a la agricultura, la pesca, el turismo y la pequeña minería, además de nuevas inversiones para fortalecer la capacidad de respuesta comunal", detalló.

Asimismo, señaló que se están gestionando recursos adicionales con el Gobierno Central y reiteró la necesidad de activar el 2% Constitucional.

"Una reconstrucción de esta magnitud no puede recaer únicamente en las regiones. Si debemos reordenar nuestras prioridades presupuestarias para que las familias recuperen cuanto antes la normalidad, lo vamos a hacer. Hoy la reconstrucción es nuestra prioridad absoluta", afirmó.

La consejera regional Paola Cortés informó que se coordinaron visitas a las provincias de Limarí, Choapa y Elqui para recoger las principales necesidades de los municipios antes de la sesión extraordinaria del Consejo Regional.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Inversión y Control de Gestión, Max Aguirre, explicó que la modificación presupuestaria supera los $18 mil millones y complementa el 2% del presupuesto regional destinado a emergencias, equivalente a $1.940 millones.

"Seguiremos insistiendo ante el nivel central y, si es necesario, acudiremos al Ministerio de Hacienda para obtener mayores recursos", sostuvo.

En tanto, la consejera regional Valeria Chacana afirmó que "no es justo ni suficiente que sean los recursos de nuestra propia región los que financien esta emergencia", por lo que llamó al Gobierno Central a destinar financiamiento extraordinario para la reconstrucción.

Largo proceso de reconstrucción 

El arquitecto y urbanista Rodrigo J. Tapia Cerda sostuvo que el modelo de urbanización ha reducido la capacidad natural de drenaje del territorio, situación que quedó en evidencia en sectores como Cajón del Romero, Cruz de Caña, La Higuera y Monte Patria.

El especialista afirmó que limitarse a reparar los daños sería insuficiente y planteó la necesidad de elaborar Planes de Resiliencia Territorial para cada comuna, que permitan anticipar riesgos, adaptarse a estos eventos y orientar la reconstrucción.

Asimismo, explicó que de esos instrumentos debieran surgir los Planes de Reconstrucción, incorporando medidas de emergencia, mitigación, relocalización de viviendas en zonas de riesgo e infraestructura resiliente. A su juicio, este proceso podría extenderse entre tres y cinco años, dependiendo de la rapidez con que se obtenga el financiamiento necesario para ejecutar las obras.

En esa misma línea, el director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena, Alejandro Orellana, advirtió que la recuperación será un proceso prolongado.

"La primera prioridad es restablecer funciones básicas como el suministro de agua potable, la electricidad, la recolección de residuos y la conectividad vial, aspectos que aún no están completamente resueltos", indicó.

Añadió que una segunda etapa consistirá en reconstruir viviendas, caminos, puentes, badenes e infraestructura urbana, proceso que podría extenderse durante varios años debido a la magnitud de los daños.

En paralelo, sostuvo que será necesario actualizar los estudios de riesgo, fortalecer la resiliencia de las redes de infraestructura y ejecutar nuevas obras de mitigación para enfrentar eventos climáticos cada vez más intensos.

Ante este escenario, el Delegado Presidencial Regional Víctor Pino, dio a conocer que “a la fecha, como Gobierno ya hemos desplegado más de $6.000 millones a través de SENAPRED y fondos directos de la Delegación Presidencial. No obstante, este esfuerzo no se limitará al presupuesto regional, levantaremos más recursos mediante transferencias continuas de emergencia, bonos de recuperación de enseres, subsidios habitacionales y financiamiento directo para infraestructura crítica”.