“Los $18.000 millones anunciados por el GORE deben transformarse en hechos”

La aprobación de una cartera superior a los $18.609 millones para acelerar la reconstrucción de la Región de Coquimbo abrió una nueva etapa en el proceso de recuperación tras el sistema frontal que afectó a las 15 comunas. Sin embargo, desde el propio Consejo Regional surgieron reparos respecto de la disponibilidad efectiva de estos recursos y de los pasos administrativos que aún deben cumplirse para materializar las inversiones.

El Gobierno Regional informó que el paquete de iniciativas considera $6.000 millones para ayuda temprana, más de $3.077 millones para proyectos de infraestructura y asistencia técnica municipal, otros $1.532 millones para la adquisición de 36 camionetas 4x4 y $8.000 millones destinados a recuperación productiva e innovación, programa que contempla beneficiar a unas 310 empresas, emprendimientos y mipymes durante 36 meses.

La cartera fue presentada por el gobernador regional Cristóbal Juliá como uno de los principales pasos para pasar desde la respuesta inmediata a una fase de reconstrucción y reactivación económica, con iniciativas distribuidas entre las 15 comunas de la región.

No obstante, el vicepresidente de la Comisión de Inversión y Presupuesto del CORE, Francisco Corral, planteó que el desafío ahora está en demostrar que los montos anunciados pueden ser efectivamente ejecutados durante 2026 y 2027, sin afectar proyectos que ya están en desarrollo ni compromisos financieros previamente adquiridos.

“Los $18.000 millones anunciados por el GORE deben transformarse en hechos”, remarcó.

Según explicó el consejero, una de las principales interrogantes al interior del órgano colegiado es de dónde provendrán efectivamente los recursos y si existirá espacio presupuestario suficiente para incorporar esta nueva cartera sin generar riesgos sobre otras iniciativas regionales.

Corral también manifestó dudas respecto de la posibilidad de utilizar recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional (FAR) y del royalty, fuentes que, según señaló, habían sido consideradas inicialmente para financiar parte de la propuesta.

“Más que nuevos anuncios, desde el CORE hemos requerido respaldos formales, montos efectivamente disponibles y plazos concretos que permitan asegurar que los compromisos adquiridos se transformen en hechos y que los recursos lleguen oportunamente”, sostuvo.

Aún faltan pasos para materializar los recursos

El consejero explicó que, si bien ya habría llegado un oficio desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) como parte del proceso de tramitación de la propuesta de emergencia, todavía quedan etapas administrativas antes de que los recursos puedan ser ejecutados.

En concreto, señaló que se requiere avanzar en la tramitación de un decreto de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) que permita viabilizar la iniciativa y, posteriormente, gestionar la resolución correspondiente para modificar el presupuesto regional 2026 y establecer con precisión desde qué partidas se financiará la cartera.

A juicio de Corral, este procedimiento resulta especialmente relevante considerando que el Gobierno Regional también estaría realizando gestiones para disponer de recursos destinados a proyectos habitacionales de SERVIU por unos $6.000 millones.

En este escenario, el consejero planteó que el gobernador y su equipo deben entregar al CORE información que permita determinar si existe capacidad financiera para asumir los nuevos compromisos sin generar problemas en otras obligaciones presupuestarias.

“Estamos pidiendo al gobernador los compromisos de pago suscritos para 2026 y 2027, para que dé las certezas de que no se generen riesgos de incumplimientos con la cartera de emergencia propuesta, más aún si los recursos del FAR y royalty no se permiten reasignar”, indicó.

Apoyo presidencial

Por otro lado, Corral valoró el respaldo expresado desde el nivel central, incluyendo el apoyo del Presidente de la República y del subsecretario de la SUBDERE, pero enfatizó que aquello no reemplaza los procedimientos requeridos para ejecutar una modificación presupuestaria de esta magnitud.

Asimismo, sostuvo que corresponde al gobernador regional y a su equipo acreditar el origen de los recursos, tramitar las autorizaciones ante la DIPRES y obtener, cuando corresponda, los pronunciamientos o visaciones de la Contraloría General de la República.

“Una reunión o un anuncio público no hacen disponibles automáticamente los $18.609 millones. Tampoco basta la voluntad expresada por el Consejo Regional”, enfatizó.

Desde el Gobierno Regional, en tanto, se ha señalado que la cartera constituye una de las mayores inversiones impulsadas para enfrentar las consecuencias de la emergencia y que permitirá intervenir en áreas como limpieza y retiro de escombros, infraestructura comunal, fortalecimiento de los municipios y recuperación de actividades productivas.

El programa de recuperación productiva considera además recursos para reparación de infraestructura, reposición de maquinaria y equipamiento y recuperación de activos de empresas afectadas por el sistema frontal, mientras que los recursos canalizados a través de SUBDERE permitirían ejecutar 30 proyectos PMU y PMB y financiar asistencias técnicas para los 15 municipios.

Sin embargo, para Corral, el punto central será que estos anuncios se traduzcan en una ejecución efectiva y financieramente sostenible.

“Todos queremos que estos recursos lleguen a las familias, municipios y sectores productivos afectados. Precisamente por eso necesitamos menos anuncios y más antecedentes formales que permitan transformar los compromisos en hechos”, concluyó.