Rebaja de condenas a abusadores y violadores podría complicar ley de presupuesto 2027

La controversia generada tras revelarse que el Ministerio de Justicia otorgó reducciones de pena a 56 personas condenadas por abuso sexual y violación contra menores de edad amenaza con convertirse en un severo obstáculo político para el Gobierno en el Congreso. A medida que se acerca la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, sectores de la oposición y parte del arco parlamentario han advertido que el tema condicionará el debate legislativo y la aprobación de los fondos destinados al Ejecutivo.

De acuerdo con antecedentes públicos y reportes legislativos, entre marzo y septiembre se concedieron 56 beneficios administrativos de reducción de condena -27 correspondientes a abusos sexuales y 29 a violaciones contra niños, niñas y adolescentes- firmados por el Ministerio de Justicia bajo la fórmula «por orden del Presidente».

APEGO AL MARCO LEGAL    

Desde el Gobierno argumentan que la medida se ciñe al estricto cumplimiento del marco legal vigente y a criterios jurisprudenciales relativos a la no retroactividad de la ley aprobada en 2022 que excluye a estos delincuentes de beneficios penitenciarios. Sin embargo, la oposición cuestiona que se haya acudido a una vía administrativa directa sin una revisión judicial previa por parte de los tribunales superiores.

El malestar en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado ha escalado rápidamente. Diversas bancadas opositoras acusan una «contradicción insostenible» entre el discurso oficialista de tolerancia cero frente al delito y la concesión administrativa de rebajas de pena a condenados por delitos de alta gravedad.

En este escenario, parlamentarios de oposición han señalado que las partidas presupuestarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como los programas vinculados a la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, enfrentarán una exhaustiva revisión y eventuales bloqueos durante la tramitación del Presupuesto 2027.

ACCIONES EN EL CONGRESO

Junto con el condicionamiento de la discusión presupuestaria, las bancadas de oposición han impulsado una ofensiva fiscalizadora que incluye: Exigir la presencia del titular de Justicia ante el Pleno para que detalle los fundamentos jurídicos e informes técnicos de cada uno de los 56 decretos dictados. Exigir la nómina completa y los antecedentes de los beneficiados, evaluando eventuales responsabilidades administrativas. Promover iniciativas normativas urgentes que eliminen cualquier interpretación administrativa o resquicio legal que permita futuras reducciones de pena en delitos sexuales contra menores.

Con las negociaciones del Presupuesto 2027 en el horizonte, el Ejecutivo enfrenta un escenario complejo donde la gestión de la justicia y la protección a la infancia se han tomado el centro de la agenda política.

En la región, la diputada Nathalie Castillo (PC), planteó que el Presupuesto 2027 ya evidencia un preocupante abandono de derechos fundamentales de la ciudadanía. “Estos decretos agravan aún más el conflicto político, por su gravedad y sus implicancias respecto de los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos y protección de las infancias. No vamos a retroceder en nuestras exigencias: una sesión especial, la renuncia del ministro de Justicia y la evaluación de una acusación constitucional”.

La parlamentaria agregó que seguirán tramitando el presupuesto con la responsabilidad que el país merece, mientras avanzan con firmeza en estas acciones de fiscalización política.

“Que el Gobierno no se equivoque, nuestra disposición al debate presupuestario no significa otorgarle impunidad ni renunciar a exigir responsabilidades por decisiones de esta gravedad”, precisó Castillo.

Por otra parte, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), señaló a diario El Día que “el ministro se dio cuenta del tremendo error que cometió. El haber retrocedido en la tramitación de la medida es una buena señal. Según explicó en su momento, la resolución se basó en razones exclusivamente jurídicas, se entiende. Sin embargo, espero que el secretario de estado haya entendido que en su cargo todas las decisiones que se adoptan con criterios técnicos tienen consecuencias políticas”.

Más adelante mencionó que este es un caso totalmente distinto a la tramitación del presupuesto 2027, por lo que no debieran mezclarse ambas discusiones. “Si esto ocurriera, sería oportunismo más que un debate serio”.