Andes Iron desiste de recursos ante la Suprema y buscará aprobar Dominga por vía administrativa

Este lunes 28 de septiembre, Andes Iron presentó ante la Corte Suprema un escrito para desistirse de todos los recursos legales interpuestos contra el último rechazo del proyecto minero-portuario Dominga.

La empresa había recurrido a la Suprema luego de que, en febrero de 2026, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmara el rechazo determinado por el Comité de Ministros en 2025, durante la administración de Gabriel Boric. Frente a esa resolución, Andes Iron había solicitado además la suspensión de sus efectos mientras se resolvían las acciones judiciales.

La causa ya se encontraba en acuerdo en la Corte Suprema y los ministros habían estudiado los antecedentes antes de que la empresa comunicara su desistimiento. Con esta decisión, el tribunal no emitirá una sentencia sobre los recursos presentados y, judicialmente, queda vigente lo determinado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Nueva estrategia: la vía administrativa

El escenario, sin embargo, podría tener nuevos capítulos. Hace pocos días, el Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite solicitudes de invalidación relacionadas con el rechazo del proyecto Dominga.

Esta nueva instancia abre una discusión por la vía administrativa y, eventualmente, podría derivar en una revisión por parte del Comité de Ministros. De concretarse esa posibilidad, el proceso correspondería a la actual administración de José Antonio Kast.

La propia empresa había solicitado anteriormente la suspensión provisional de los efectos de lo resuelto por la Corte de Antofagasta con el objetivo de poder ejecutar su proyecto.

La situación había generado una fuerte controversia durante las últimas semanas, luego de que Andes Iron anunciara el inicio de obras en el área asociada a Dominga. La decisión provocó cuestionamientos desde comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil, que catalogaron la acción como una maniobra de presión mientras el proyecto todavía se encontraba judicializado.

La controversia aumentó tras conocerse informes de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que constataron el corte sin autorización y la destrucción de vegetación nativa protegida en el área de influencia del proyecto.

Los hallazgos fueron cuestionados por organizaciones contrarias a Dominga, debido a que las intervenciones se habrían realizado sin contar con los permisos correspondientes y mientras continuaba la discusión judicial.

De esta forma, con el desistimiento presentado ante la Corte Suprema, la vía judicial queda cerrada respecto de los recursos retirados por la empresa y el proyecto mantiene el rechazo establecido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Ahora, la atención queda puesta en la vía administrativa abierta tras la admisión a trámite de las solicitudes de invalidación. Ese procedimiento podría convertirse en una nueva instancia de discusión para el futuro del proyecto minero-portuario Dominga.