Fiscalización detecta más de $30 mil millones en contratos de camiones aljibe

Más de $30 mil millones destinados a abastecer de agua potable a comunidades afectadas por la sequía fueron movilizados en Chile durante los años 2023 y 2024 a través de contratos de camiones aljibe. Así lo concluye una fiscalización extraordinaria realizada por el Consejo para la Transparencia, que además detectó importantes deficiencias en la forma en que organismos públicos registran, administran y entregan información sobre estos recursos.

La investigación revisó contrataciones efectuadas por municipalidades y delegaciones presidenciales en zonas declaradas con escasez hídrica, identificando 370 contratos vigentes durante el período analizado por un monto total de $30.192 millones. Del total, el 75% fue celebrado por delegaciones presidenciales y el 25% restante por municipios.

Los resultados muestran una fuerte concentración territorial del gasto. La Región de Valparaíso concentró el 47% de los recursos informados y el 61% de los contratos identificados, seguida por las regiones Metropolitana y Ñuble, que en conjunto representaron cerca del 40% de los montos comprometidos.

Sin embargo, más allá de las cifras, el informe pone el foco en los problemas de transparencia detectados durante la fiscalización. El Consejo constató incumplimientos en el 56% de las instituciones revisadas. Aunque el 81% respondió dentro de plazo a las solicitudes de información, un 12% lo hizo fuera del período legal y un 7% ni siquiera había entregado respuesta al cierre del proceso.

"Si bien es posible acceder a la información, esta se presenta con distintos niveles de completitud y estandarización, y no siempre permite reconstruir adecuadamente la ejecución del gasto, la cobertura del servicio ni la trazabilidad de las contrataciones", advierte el informe en sus conclusiones.

El organismo también detectó problemas para determinar con precisión el alcance de los beneficios. Los antecedentes menos reportados por las instituciones correspondieron a los litros de agua distribuidos y al número de hogares beneficiados, precisamente dos de los indicadores que permiten evaluar el impacto efectivo de estas contrataciones en las comunidades afectadas por la escasez hídrica.

Otro de los hallazgos apunta a la duración de los contratos. Aunque los decretos de escasez hídrica suelen extenderse por un año, el 73% de los convenios tuvo una vigencia igual o inferior a tres meses. En numerosos casos, las instituciones optaron por celebrar contratos sucesivos con los mismos proveedores, manteniendo durante largos períodos un sistema basado en renovaciones de corto plazo.

Asimismo, la fiscalización identificó 65 proveedores distintos participando en este mercado. Varios de ellos concentraron importantes montos en determinadas regiones, especialmente en Valparaíso, Metropolitana, Ñuble y Coquimbo, donde se registran algunos de los contratos más significativos del país.

SITUACIÓN REGIONAL

La Región de Coquimbo también aparece en posiciones relevantes dentro del informe. Durante 2023 y 2024 se registraron contratos por más de $2.227 millones asociados a la distribución de agua potable mediante camiones aljibe, equivalentes al 7% del gasto nacional identificado por la fiscalización.

Pero el dato más llamativo para la región corresponde a La Serena. La capital regional figura entre las cinco comunas con mayores montos destinados a este tipo de contrataciones en todo Chile, acumulando $1.804 millones durante el período revisado. Sólo fue superada por La Ligua, Olmué y Puente Alto, quedando por encima de otras comunas históricamente afectadas por la escasez hídrica.

De hecho, la Municipalidad de La Serena aparece entre las instituciones con mayores desembolsos del país y figura entre las mayores contrataciones individuales detectadas por el Consejo para la Transparencia.

En paralelo, la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo informó 14 contratos durante el período fiscalizado, mientras que las municipalidades de Andacollo y Punitaqui también registraron convenios para abastecimiento de agua potable en sectores afectados por la sequía.

La fiscalización concluye que la contratación de camiones aljibe constituye una materia de alto interés público, tanto por el volumen de recursos involucrados como por su impacto directo en miles de familias que dependen de este mecanismo para acceder al agua potable. Por ello, plantea la necesidad de avanzar hacia sistemas más transparentes y estandarizados que permitan conocer con mayor claridad cómo se ejecutan los recursos, quiénes son sus beneficiarios y cuál es el verdadero alcance de una de las principales respuestas del Estado frente a la crisis hídrica.