ASESINO ESTÁ DETENIDO EN VENEZUELA
Los hechos que envolvieron el crimen de María José Zambra
El 19 de octubre de 2019 es una fecha marcada a fuego y dolor en la memoria de la familia de María José Zambra (30). Ese día, tras 51 días de incansable y desgastante búsqueda, fueron encontrados bajo el Puente El Libertador de La Serena los restos cercenados de la joven madre. Sin embargo, lo que debió detonar una respuesta inmediata y contundente por parte de las instituciones de justicia, terminó convertido en un laberinto de impunidad, negligencia policial y silencio que se prolongó por cinco años.
La reconstrucción de los hechos se remonta a la mañana del 29 de agosto de 2019. María José salió temprano de su hogar para ir a dejar a sus dos pequeños hijos, de 11 y 7 años, al colegio. Cerca de las 11:00 horas, una apoderada la divisó en las cercanías del edificio del Cuerpo de Bomberos de La Serena, donde se le veía aparentemente tranquila. Desde aquel instante, su rastro se perdió por completo.
Casi dos meses después, mientras caminaban por un sendero bajo el puente El Libertador rumbo al complejo deportivo Santa Inés, unos niños acompañados por una mujer adulta divisaron restos humanos que sobresalían de un saco, abandonado entre árboles y matorrales cerca de la ribera del río. Tras el macabro descubrimiento, Carabineros de la Primera Comisaría acudió al lugar, y días más tarde, los peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron la peor de las sospechas, los restos correspondían a María José Zambra.
El trágico hallazgo coincidió de forma drástica con la coyuntura nacional. Tan solo un día antes, el 18 de octubre de 2019, Chile había iniciado el denominado estallido social. La conmoción política, las marchas masivas y los disturbios opacaron mediáticamente el crimen. De hecho, las desesperadas movilizaciones de protestas organizadas por los familiares para exigir celeridad a la policía se confundieron y diluyeron entre la vorágine de las manifestaciones sociales de la época.
Así pasaron cinco largos años. Durante dicho periodo, el caso fue quedando paulatinamente en el olvido institucional, pese a los constantes y amargos reclamos de la familia ante lo que consideraban una evidente ineficacia en las diligencias policiales.
LA PISTA CLAVE DESESTIMADA
La verdad tras la muerte de María José Zambra no comenzaría a salir a la luz sino hasta abril de 2024, a raíz de un nuevo y escalofriante suceso, el asesinato y descuartizamiento de Ana María Pizarro, una mujer de 56 años. Al analizar la dinámica del homicidio de Pizarro, la policía advirtió un patrón criminal idéntico y desempolvó la carpeta de la joven madre serenense, encontrando una prueba clave que había sido insólitamente ignorada años atrás.
El principal sospechoso, un hombre de nacionalidad venezolana identificado como José Alejandro Medina Ladera, siempre estuvo al alcance del Ministerio Público y de la PDI. Apenas dos semanas después del hallazgo del cuerpo de María José en 2019, el chip del teléfono celular de la víctima fue reactivado. La persona que lo estaba utilizando era la misma Ana María Pizarro.
En aquel entonces (2019), Pizarro fue citada a declarar como testigo y colaboró con los funcionarios policiales, manifestando que el chip telefónico se lo había entregado su pareja, el propio José Medina, quien aseguró a la PDI haberlo comprado en una feria libre. La policía dio por buena dicha explicación sin profundizar en el vínculo ni en el sujeto, archivando el dato como un antecedente menor dentro de una investigación que terminó estancada.
Fue recién con el brutal asesinato de Ana María Pizarro en 2024 cuando las piezas encajaron, Medina no solo estaba vinculado a ambas mujeres, sino que aparecía como el presunto autor de ambos crímenes.
No obstante, las falencias en los tiempos de respuesta permitieron que el sujeto, tras ser entrevistado por el homicidio de Pizarro, aprovechara la oportunidad para huir del país. Tiempo después, Medina fue ubicado y detenido en Carabobo, Venezuela. Actualmente, el imputado fue formalizado por la justicia chilena en ausencia, mientras se tramita su eventual extradición a Chile para que finalmente responda por dos de los crímenes más oscuros que han estremecido a la Región de Coquimbo.