Desempeño bajo promedio nacional: Coquimbo mantiene más de $57 mil millones sin ejecutar

El Gobierno Regional de Coquimbo ejecutó el 37,4% de su presupuesto entre enero y agosto de 2026, equivalente a $34.247 millones de un total de $91.552 millones disponibles para el año. Así lo consigna el más reciente Informe de Ejecución Presupuestaria Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), dado a conocer en octubre, que sitúa a la región por debajo del promedio nacional, que alcanza el 45%.

El resultado posiciona a Coquimbo en el lugar número 12 de las 16 regiones del país, una situación que abrió el debate entre integrantes del Consejo Regional (CORE) respecto de la necesidad de acelerar la inversión, los factores que inciden en el indicador y la capacidad de concretar los desembolsos antes del cierre del año presupuestario.

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Aguas y Recursos Hídricos y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto e Inversión del CORE, Francisco Corral, llamó a agilizar la ejecución de los recursos disponibles y priorizar aquellas iniciativas que permitan responder a las necesidades más urgentes del territorio.

“Necesitamos acelerar la ejecución de la inversión y los desembolsos de los recursos disponibles para 2026. La ejecución de 37,4% a agosto informada en la comisión de Presupuesto e Inversión del CORE es inferior al promedio nacional, lo que exige priorizar proyectos viables, asegurar los pagos de obras en ejecución y atender las necesidades más urgentes de la región”, sostuvo.

El consejero también manifestó preocupación por los plazos administrativos que deben cumplir determinadas iniciativas, particularmente aquellas que requieren la toma de razón de la Contraloría General de la República, advirtiendo que una acumulación de trámites durante los últimos meses del año podría dificultar que los recursos se desembolsen dentro del periodo presupuestario.

“He advertido además reiteradamente sobre el riesgo de concentrar trámites de toma de razón en Contraloría al cierre del año. Sus plazos de revisión y eventuales observaciones pueden impedir que los desembolsos se concreten durante 2026”, afirmó Corral.

A ello sumó cuestionamientos respecto de las eventuales rebajas presupuestarias solicitadas por el gobernador regional, Cristóbal Juliá, ante la Dirección de Presupuestos (DIPRES), mencionando como ejemplo la devolución de $6.000 millones del Fondo de Apoyo Regional (FAR).

En ese sentido, planteó la necesidad de transparentar cómo estos ajustes podrían repercutir en los compromisos asumidos por el Gobierno Regional. A su juicio, una disminución del presupuesto disponible podría elevar porcentualmente la ejecución, sin que ello necesariamente implique un aumento de los recursos efectivamente invertidos en obras o soluciones para la comunidad.

“Reducir el presupuesto vía estas rebajas puede mejorar el porcentaje de ejecución, pero el cumplimiento debe medirse por los recursos efectivamente desembolsados y las obras y soluciones que llegan a las personas y a la Región”, enfatizó.

No todo depende de la gestión

Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto del CORE, Max Aguirre, puso el acento en la evolución del indicador en comparación con el año anterior. Según explicó, durante 2025 - primer año de la administración Juliá - la ejecución presupuestaria a agosto alcanzaba un 25,9%, mientras que en el mismo periodo de 2026 llegó al 37,4%.

“Esto indica que existe un avance respecto de la ejecución presupuestaria del año anterior”, señaló, aunque reconoció que el resultado regional continúa por debajo del promedio nacional.

Aguirre también llamó a considerar los movimientos presupuestarios posteriores al periodo evaluado por el informe de Subdere. En particular, indicó que durante septiembre la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) informó a la Comisión de Presupuesto, Inversión y Control de Gestión la ejecución de $4.500 millones, recursos que, según planteó, deben sumarse al balance para dimensionar el avance más reciente.

El consejero agregó que las cifras oficiales no necesariamente reflejan todos los recursos que ya fueron transferidos a servicios públicos y municipios, pero cuya ejecución todavía no se encuentra contabilizada. Esto, explicó, se relaciona con los avances de las obras y con la entrega de rendiciones pendientes por parte de las entidades receptoras.

En esa línea, sostuvo que el ritmo de ejecución no depende exclusivamente de la gestión del Gobierno Regional, sino también de las capacidades y los procedimientos de los organismos que reciben los recursos y desarrollan los proyectos.

“Son ellos los responsables de obtener las recomendaciones y la elegibilidad técnica de las iniciativas que postulan a financiamiento. Posteriormente, estos proyectos deben ser presentados al Consejo Regional para su aprobación”, explicó.