Corte de La Serena confirma la prisión preventiva de ‘cabecillas’ de millonario fraude en la Corporación GGV

La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó hoy –miércoles 12 de febrero– el recurso de apelación presentado por las defensas y confirmó la prisión preventiva de N.P.C.M. y B.O.G.G., ex funcionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla; C.A.M.F., esposo de N.P.C.M., y M.A.S.B. Los imputados son acusados por el Ministerio Público como autores de los delitos de asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos, ilícitos cometidos entre 2019 y 2024 en la comuna.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Marcela Sandoval Durán y Carlos Jorquera Peñaloza– confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de La Serena, al considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

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Ratificación de delitos y estructura de la organización

El tribunal desestimó los argumentos de las defensas que cuestionaban la calificación de funcionarias públicas de N.P.C.M. y B.O.G.G., confirmando su imputación por falsificación de instrumento público.

En su fallo, la Corte señaló que los antecedentes presentados permiten acreditar la existencia de una asociación ilícita estructurada y operativa entre 2019 y 2021. Se determinó que las imputadas N.P.C.M. y B.O.G.G. obtenían información y realizaban documentación para cobrar prestaciones no efectuadas, mientras que M.A.S.B. y C.A.M.F. se encargaban del reclutamiento de personas y la distribución del dinero defraudado.

Confirmación del lavado de activos

Respecto al delito de lavado de activos, el tribunal enfatizó que no se presentaron elementos suficientes para desestimar las transacciones bajo investigación. Se evidenció una triangulación de los fondos recibidos por los imputados, derivada de los actos ilícitos denunciados.

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Impacto en la función pública y necesidad de la medida cautelar

El fallo subrayó que los delitos afectaron recursos públicos destinados a programas de salud municipal en La Serena, dirigidos a sectores vulnerables. Asimismo, la gravedad de los delitos, la pena asociada y la existencia de una estructura organizada justifican la prisión preventiva de los imputados.

Además, la Corte rechazó los argumentos de las defensas que solicitaban considerar las responsabilidades de cuidado de sus familiares al momento de decretar la medida cautelar, señalando que dichas circunstancias no son suficientes para morigerar su rigor.

Explicación del fallo por parte del tribunal

El ministro Felipe Pulgar Bravo detalló que los imputados operaban como una asociación organizada, gestionando boletas fraudulentas por servicios inexistentes en la corporación municipal. “Este sistema de defraudación utilizaba dineros destinados a programas municipales asociados a la red de salud y de consumo de droga respecto de personas especialmente vulnerables como adultos mayores y menores de edad”, explicó.

El tribunal consideró que la penalidad asociada, la estructura organizada del grupo y la jerarquía en sus roles permiten configurar, en este estadio procesal, los delitos de asociación ilícita y falsificación de instrumento público.

Modus operandi y montos defraudados

Según el Ministerio Público, los imputados se organizaron con el objetivo de cometer fraude de manera sistemática y permanente, logrando defraudar al fisco en aproximadamente $762.778.091.

• N.P.C.M., en su rol de coordinadora del Departamento de Salud, administraba programas financiados con fondos públicos y autorizaba boletas fraudulentas.
• B.O.G.G., secretaria, reclutaba personas externas a la corporación para facilitar claves de acceso al Servicio de Impuestos Internos y emitir boletas falsas.
• C.A.M.F., esposo de N.P.C.M., además de reclutar personas, recibía los fondos en sus cuentas bancarias y los integraba al sistema financiero formal mediante diversas sociedades.
• M.A.S.B. reclutaba personas y canalizaba los fondos ilícitos entre los imputados, siendo quien recibió la mayor cantidad de transferencias.

Durante 2020 y 2021, la organización incorporó a otros involucrados que participaron en la defraudación simulando la prestación de servicios inexistentes.