Millonario fraude en Corporación GGV: investigación sigue y cuatro imputados continúan prófugos

Por: Romina Onel

Este miércoles, los ministros Felipe Pulgar Bravo, Marcela Sandoval Durán y Carlos Jorquera Peñaloza rechazaron el recurso de apelación presentado por las defensas de quienes son sindicados como autores de un desfalco cercano a los 800 millones de pesos, que afectó al Departamento de Salud de la corporación municipal de La Serena entre 2019 y 2024, confirmando así la prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena el 4 de febrero. 

Actualmente se investiga a 22 personas por este caso, de los cuales 18 están formalizadas; los 4 que están en prisión preventiva son la ex coordinadora del Departamento de Salud de la Corporación Gabriel Gonzalez Videla (CGGV), N.P.C.M. y su cónyuge, C.A.M.F.; B.O.G.G. -ex secretaria de la unidad- y otro implicado, M.A.S.B.; hay 14 personas con arresto domiciliario total y arraigo nacional por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos, y 4 aún se mantienen prófugas.

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Además de compartir que la libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad, el ministro Felipe Pulgar Bravo dio a conocer que “la primera sala de la Corte de Apelaciones de La Serena en fallo unánime decide confirmar la decisión del Juez de Garantía de esta comuna que decretó la prisión preventiva de 4 de los imputados por los delitos de fraude al fisco, estafa, asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de instrumento público”. 

“La Corte estimó que concurrían las características propias de los delitos a partir de una asociación formada por al menos estos 4 imputados, quienes encargaban contactar a personas para que emitieran boletas de honorarios o entregaban sus claves para que los imputados confeccionan la respectiva boletas, por servicios que jamás prestaron en la corporación municipal, pero se hacía un certificado por parte de los imputados que daba cuenta que sí lo habían hecho y por lo tanto procedía el pago. Este sistema de defraudación utilizaba dineros destinados a programas municipales asociados a la red de salud y de consumo de droga respecto de personas especialmente vulnerables como mayores y además como niños, niñas y adolescentes”, explicó el ministro Pulgar.

Ahondando en esto Pulgar agregó que “este delito, atendida la penalidad que detenta y el grado de ejecución, sumado a la organización interna definida con roles, posiciones y jerarquía, permiten entender constituida la hipótesis, hasta lo que va en este estadio procesal, de la asociación ilícita y de la falsificación de instrumento público”.

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¿QUÉ ALEGABA LA DEFENSA?

Además de cuestionar la figura de fraude al fisco, el abogado Pedro Orthusteguy, representante de los cónyuges N.P.C.M. y C.A.M.F., solicitó que al menos uno de sus representados tenga arresto domiciliario parcial nocturno, para que puedan encargarse de sus dos hijos menores de edad. 
Por su parte, el abogado Jorge Vargas, representante de B.O.G.G., pidió la sustitución por la medida de arresto domiciliario total con arraigo nacional, debido a la condición médica de su representada y sus padres, con quienes vive, razón por la cual se presentaron sus certificados médicos y de residencia. 

“El padre tiene problemas cardíacos, dentro de otras patologías y mi representada padeció un cáncer, por lo que le fue extirpado el riñón derecho”, detalló Vargas.

Por su parte, José Oyarzo Ortiz, representante de M.A.S.B., también pretendía que se sustituyera la prisión preventiva, para que según él, se respete el “principio de igualdad en relación a los otros imputados, quienes dentro de la causa y de conformidad a lo dicho por esta defensa, tendrían las mismas condiciones y la misma situación jurídica”, añadiendo que por estar en un proceso de investigación aún “no está clara la participación de mi representado”. 

SIN NUEVOS ANTECEDENTES

Tras la audiencia,  el fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Carlos Vidal aseguró que “el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena ha sido favorable en el sentido de observar que se mantienen los elementos que dan cuenta de los distintos delitos que fueron imputados y que se encuentran en prisión preventiva”. 

“Especial énfasis se ha dado la Corte de Apelaciones al carácter del delito en el cual la defraudación se comete vulnerando servicios de salud, por parte de la corporación municipal de La Serena, en lo que es una función pública que le es propia por las atribuciones que le han sido delegadas por el Estado”, indicó el fiscal. 

El fiscal también adelantó que “el plazo de investigación que se fijó es de 100 días y debe continuar la tramitación en los mismos términos que ha sido desarrollada hasta el momento”. 

Por otra parte, el abogado querellante en representación de la Municipalidad de La Serena, Rodrigo Alvarez, argumentó que “la defensa no estableció nuevos antecedentes, distintos a los que ya se vieron en la audiencia de control de detención y formalización ante el Juzgado de Garantía de La Serena, por lo tanto en ese sentido tanto el ministerio público como esta  parte querellante se opusieron a la solicitud de cambio de medida cautelar”.