Hoy se discute la prisión preventiva para cabecillas de millonario fraude en la Corporación GGV

Por: Romina Onel

Este lunes, el Tribunal de Garantía de La Serena prosiguió la audiencia de formalización por el caso de fraude al fisco, lavado de activos, falsificación de instrumentos públicos y asociación ilícita que afectó al Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla, durante los años 2020 y 2021. 

Tras la exposición de los antecedentes por parte de la Fiscalía, el juez Claudio Ayala Oyanedel, decretó las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para 11 de los 17 imputados. Por otra parte, la defensa de otras dos imputadas, se opusieron a las cautelares solicitadas por el Ministerio Público, por lo que su situación se resolverá este martes, desde las 11 horas. 

En la audiencia de hoy, también se resolverán las cautelares de los otros cuatro imputados, para quienes se solicita prisión preventiva, debido a que son sindicados como cabecillas de la presunta red delictiva. 

Cabe agregar que durante la audiencia, el fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Carlos Vidal relató que “se exhibieron en audiencia una serie de antecedentes. Básicamente este análisis de cuentas demuestra que el destino final de la mayor parte de estos casi 800 millones de pesos defraudados terminaron en poder de los dos imputados principales. Además se presentaron interceptaciones telefónicas que fueron obtenidas en el curso de la investigación y declararon una serie de imputados que cumplían el rol de facilitar sus cuentas, apuntando a estas personas como sus reclutadores, a quienes se le pidió la prisión preventiva”, agregó el fiscal.

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Por su parte, el abogado penalista y defensor público, Carlos Esperguen, sostuvo que “cinco de nuestros representados quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional del artículo 155 letras A y B del Código Procesal Penal, medida que responde al menor grado de participación que tuvieron nuestros representados. Este martes continúa la audiencia porque se tienen que discutir las medidas cautelares más gravosas, que son las del Ministerio Público en relación a otros imputados y también tenemos que ver también el plazo de duración de la investigación que aún no ha sido establecido o debatido en la audiencia”, adelantó el defensor. 

Por ende, la formalización continúa en curso, en el marco de la investigación de una serie de delitos que generaron un perjuicio fiscal estimado en 750 millones de pesos, y por lo cual, y 22 personas están bajo indagatoria, de las cuales, 5 siguen prófugas.

BUENA SEÑAL

Con respecto al avance de la audiencia de este lunes, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena aseguró que “es muy buena señal que las investigaciones de la justicia empiecen a dar buenos resultados y haya responsables. Acá se han robado la plata de la educación y la salud de las familias serenenses y eso es inhumano. Nosotros tenemos dos querellas que interpusimos a un mes de haber asumido y esperamos también que las investigaciones avancen pronto”, afirmó la máxima jefa comunal. 

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FRAUDE AL FISCO

Durante la audiencia, la defensa de parte de los imputados, cuestionó que se haya cometido un delito de fraude al fisco, debido a que ni el Servicio de Impuestos Internos ni el Consejo de Defensa del Estado son querellantes, sumado a que solo dos de los acusados eran funcionarias de la corporación. Esto, pese a que se recalcó que la institución municipal  solo funciona con fondos públicos.

Consultado por Diario El Día, el abogado y Magíster en Derecho Penal, José Pablo Marín, quien además es académico de la Universidad Central, sede Coquimbo, explicó que el fraude al fisco “es un delito que se encuentra regulado en el Código Penal y consiste en una forma de estafa en el que el imputado o el empleado público, va a producir un daño al Estado o a los órganos de éste, mediante un engaño que consiste en un incumplimiento de sus deberes. Esto puede configurarse defraudando al Estado económicamente o consintiendo en que otra persona pueda defraudar al Estado”. 

En cuanto al delito de lavado activo, el abogado explicó que éste se encuentra regulada en la ley 19.913 “y tiene por objetivo ocultar o disimular el origen de dineros u otros bienes que se han obtenido de manera ilegal, tratando de darles una apariencia de legalidad”.

En cuanto a las dudas en torno al caso, Marín señaló que “la defensa inteligentemente va a cuestionar la existencia del delito de fraude al fisco respecto a todas las personas, porque evidentemente la calidad de funcionario público es la que determina la existencia del delito. Es una buena forma de tratar de buscar una calificación jurídica distinta de los delitos. Sin embargo, creo que a medida que la investigación avance se van a esclarecer los vínculos, porque acá podemos tener distintas naturalezas de contratación y eso puede cambiar de alguna otra forma la calificación jurídica de los delitos que se imputan”, añadió Marín.