Debate presidencial: Kaiser dice que indultaría a reos de Punta Peuco

Un claro mensaje envió el candidato presidencial Johannes Kaiser luego de conocerse la decisión del Presidente Gabriel Boric de que el penal de Punta Peuco deje de tener un régimen especial y pase a ser un recinto común.

Durante el debate presidencial organizado por la ARCHI, el postulante de ultraderecha fue consultado por la periodista Mónica Pérez sobre la medida, y su respuesta generó controversia: aseguró que, de llegar a La Moneda, indultaría a todos los presos de ese penal y que no permitiría que fueran mezclados con reos comunes.

“Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 o 90 años queriendo mezclarlos con delincuentes comunes, solo porque no le caen bien políticamente. A ustedes que les gustan tanto los tratados internacionales, respétenlos”, expresó, sin mencionar que los internos de ese penal están condenados por crímenes de lesa humanidad.

En otra parte de su intervención, Kaiser señaló que “los derechos humanos parecen importar solo cuando afectan a un sector”, agregando que “el Estado está obligado a respetar los derechos humanos de todas las personas, muchas de las cuales han sido condenadas injustamente”, aludiendo al caso del coronel fallecido en Punta Peuco condenado por el secuestro de una persona que posteriormente apareció en Argentina, en referencia a Bernarda Vera.
Sus declaraciones reabrieron el debate en torno a la medida adoptada por el Presidente Boric, que hasta ese momento, no había generado mayores cuestionamientos en el ámbito político.

LA DECISIÓN DE BORIC

Al informar sobre la medida, el Mandatario explicó que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto mediante el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial  y pasa a ser administrado como un recinto penitenciario común.

“Queda a disposición, por tanto, de las necesidades del país, especialmente en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad. Se acaba entonces Punta Peuco como penal especial para los victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años”, sostuvo el Presidente.

Boric agregó que mantener un recinto exclusivo para condenados por violaciones a los derechos humanos “no tiene justificación”, considerando la sobrepoblación y el hacinamiento que afecta al sistema penitenciario nacional.

“Cada esfuerzo por ampliar y mejorar la infraestructura carcelaria, aumentar las plazas y optimizar la gestión penitenciaria es una buena noticia para la seguridad del país”, enfatizó.

Pese al peso simbólico de la medida, en el mundo político no hubo mayores reacciones adversas. Desde la oposición primó la cautela y se evitó un enfrentamiento directo con La Moneda.

REACCIONES EN LA REGIÓN

En la Región de Coquimbo, el gobernador Cristóbal Juliá respaldó la decisión presidencial. 

“Respeto la medida del gobierno de que Punta Peuco deje de tener un régimen especial y se convierta en un penal común. Entiendo que busca garantizar igualdad ante la ley y se enmarca en las atribuciones que tiene el Ejecutivo. Como gobernador, respaldo que todas las decisiones se adopten dentro del marco legal y con pleno respeto a las instituciones”, señaló.

Paralelamente, en el recinto ubicado en Tiltil, ya se ejecutan obras que permitirán recibir nuevos internos a comienzos del próximo año. Los trabajos incluyen la construcción de un espacio de visitas, una oficina técnica y la instalación de equipos de tecnovigilancia en el área donde antes existía una de las canchas del penal.

De acuerdo con fuentes de Gendarmería de Chile, se espera que hacia inicios de 2026 estén finalizados los módulos de reclusión y el nuevo área de ingreso y registro de visitas, lo que permitirá ampliar su capacidad operativa.

LA HISTORIA DE PUNTA PEUCO

El penal de Punta Peuco, ubicado a 64 kilómetros de Santiago, fue creado en 1995 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mediante el Decreto N°580 del 14 de junio. El documento fue firmado por la entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, aunque originalmente correspondía al ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, quien se opuso al proyecto y presentó su renuncia, la que finalmente no fue aceptada.

El recinto fue diseñado para albergar a militares y exagentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Desde su creación, ha sido símbolo de privilegio y objeto de críticas por las condiciones diferenciadas que ofrecía a los reclusos, entre ellos, el general (r) Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, ambos implicados en el asesinato del excanciller Orlando Letelier y en numerosos delitos de lesa humanidad.