Investigación del OS9
El inusual modus operandi detrás del asalto a una conductora de aplicación en La Serena
Un violento caso de extorsión investigado por el OS9 de Carabineros reveló un modus operandi poco habitual en delitos cometidos contra conductores de aplicaciones de transporte en La Serena.
Según los antecedentes de la investigación, la víctima aceptó un viaje solicitado por dos pasajeros, quienes durante el trayecto comenzaron a amenazarla de muerte. Los sujetos revisaron sus pertenencias y obtuvieron información personal y familiar, la que utilizaron para aumentar la intimidación y forzarla a entregar dinero.
A diferencia de un asalto común, los imputados obligaron a la conductora a realizar un verdadero “tour delictual” por distintos sectores de la comuna. Bajo amenazas, la mujer efectuó múltiples giros de dinero en cajeros automáticos y también retiró efectivo desde una sucursal de BancoEstado.
Tras obtener el dinero, los sujetos abandonaron a la víctima en un sector residencial de baja afluencia de personas y huyeron del lugar.
El teniente Felipe Cortés Aburto, del Departamento OS9, explicó que la investigación permitió establecer la dinámica de los hechos y detener a los responsables. “La víctima había sido intimidada durante su recorrido y obligada a realizar múltiples giros de dinero en efectivo en diversos cajeros automáticos de la comuna. Mediante el análisis criminal y diversas diligencias investigativas se logró identificar a los autores y posteriormente detenerlos”, señaló.
A partir de la denuncia, personal del OS9 Coquimbo, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló diligencias investigativas que incluyeron análisis criminal y recopilación de evidencias. Con una orden judicial se concretó la detención de ambos imputados y se incautaron teléfonos celulares y otros elementos vinculados a los hechos.
El fiscal adjunto Andrés Gálvez indicó que los antecedentes reunidos por el OS9 fueron considerados contundentes por el tribunal, lo que permitió autorizar las órdenes de detención y los registros domiciliarios, además de decretar la prisión preventiva de los imputados.
El tribunal fijó un plazo de 55 días para el desarrollo de la investigación.