Diez municipios de la región incumplieron con la Ley de Deudores de Pensión

Recientemente la Contraloría General de la República dio a conocer una serie de infracciones cometidas por distintos municipios del país, al analizar el otorgamiento de licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia, lo que está prohibido desde noviembre del 2022, por la Ley N° 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Según el Cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC) sobre Otorgamiento de Licencias de Conducir en Eventual Controversia de la Ley N° 21.389, entre noviembre de 2022 y diciembre del 2024, 242 de las 345 municipalidades del país, otorgaron o renovaron un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores, por adeudar un monto de $17.473.007.109.

De acuerdo a la Contraloría, La Serena le otorgó o renovó licencias de conducir a 114 deudores de pensión de alimentos, justo por debajo de las municipalidades de Lo Prado (115), La Granja (117) y Antofagasta (172).

Además de esto, a algunos de los 114 deudores se les entregó más de una licencia, ya que en el documento al que tuvo acceso el diario El Día, se especificó que se emitieron 200 licencias a deudores en el municipio serenense.

También se reveló que otras 9 municipalidades de la región incurrieron en la misma infracción, entre las que se tiene a Ovalle, donde se entregaron y/o renovaron licencias de conducir a 30 deudores, con 70 licencias emitidas; ; seguido de Coquimbo con 24 deudores y 33 licencias emitidas; Salamanca con 21 deudores y 52 licencias emitidas; Monte Patria con 10 deudores y 24 licencias emitidas; Punitaqui con 8 deudores y 14 licencias emitidas; Los Vilos con 8 deudores y 18 licencias emitidas; Combarbalá con 4 deudores y 4 licencias emitidas; Illapel con 1 deudor y 2 licencias emitidas; y Canela con 1 deudor y 1 licencia emitida.

El órgano contralor también dio a conocer que a nivel nacional 65 funcionarios municipales, que integran el Registro de Deudores de Pensión Alimenticia, habrían obtenido/renovado su licencia de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan y 482 personas deudoras son familiares de funcionarios que trabajan en la municipalidad en donde habrían obtenido/renovado su licencia de conducir.

¿QUIENES SON LOS 114 DEUDORES?

Al ser consultada por esto, la alcaldesa Daniela Norambuena, recordó que esta situación se dio en el periodo de la administración anterior. Sin embargo recalcó que no va a permitir este tipo de hechos y adelantó que iniciarán una investigación sumaria para buscar las responsabilidades detrás de esto.

Desde la Municipalidad de La Serena también se hizo hincapié en que siguen a la espera de que la Contraloría General les entregué la información necesaria para saber quiénes son los 114 deudores a los que se les otorgó licencias de conducir y así cotejar si es que son funcionarios del municipio o familiares de alguno de ellos.

Los mismo señalaron desde las comunas de Punitaqui y Salamanca, pese a que según la Contraloría, los funcionarios municipales a cargo del proceso, son quienes deben confirmar si el solicitante está inscrito en el Registro Nacional de Deudores, en cuyo caso se debería denegar el documento, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en una responsabilidad disciplinaria que será sancionada con una multa entre el 10% y 50% de su remuneración.

CERTIFICADOS DESACTUALIZADOS

Por su parte, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera aseguró que revisaron el informe de la Contraloría, indicando que no les llegó directamente a los municipios y añadió que “la implementación de esta normativa no fue inmediata y al cruzar información con el Registro Civil, los juzgados y tribunales de familia se generaron brechas, por eso, desde nuestro Departamento de Tránsito me informaron que lo que se da, es por la inexistencia de certificados actualizados para poder verificar las deudas de pensión. De todas formas, estamos realizando una investigación interna con respecto a estos casos”.

El director de Tránsito de la Municipalidad de Coquimbo, Jaime Valenzuela, también se refirió a este tema, indicando que no se ha recibido ninguna notificación respecto a esta situación, por lo que se pondrán en contacto con Contraloría a través de un oficio y una vez teniendo los antecedentes se tomarán las medidas necesarias para revisar cada una de las licencias del informe e iniciar una investigación.

“El protocolo que ejecuta la Dirección de Tránsito es claro y cada vez que un usuario solicita este trámite, se debe realizar una revisión exhaustiva de los antecedentes de las personas que piden la renovación de su licencia de conducir, que incluye un certificado que emite el Registro Civil con clave única, que acredite que no tenga deudas por concepto de pago de pensión de alimentos, documento que queda respaldado en su expediente”, explicó Valenzuela.

El alcalde de Ovalle, Héctor Vega señaló que “se realizará un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades; además de adoptar todas las medidas que en derecho correspondan”.

Cabe agregar que al cierre de esta edición, pese a ser consultados, no se pudo contar con las declaraciones de los demás municipios regionales involucrados y aquí mencionados.