Se abre opción de redistribuir reos ante colapso de cárcel de Huachalalume

En un reciente reportaje de Diario El Día se develó que el Complejo Penitenciario Huachalalume, en La Serena, está al borde del colapso. Y es que el recinto que tiene una capacidad para albergar a 2.318 personas privadas de libertad, cuenta hasta el momento con 2.272 internos y una baja dotación de gendarmes.

Al respecto, Jokan Garrido, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes Provincial Elqui (ANSOG) y secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), señaló que si bien en el papel quedan 46 cupos, descontando las celdas en mal estado, serían solo 30 espacios para recibir a reos de La Serena, Coquimbo y Los Vilos, además de otras regiones.

El dirigente detalla que del total de convictos, el 7% corresponde a extranjeros, quienes en su mayoría no figuran con antecedentes al haber ingresado de manera ilegal al país, por lo que son catalogados de Baja Peligrosidad. En tanto, agrega que hay 12 imputados por vinculaciones con el Tren de Aragua, quienes cumplen su prisión preventiva en la cárcel de La Serena.

En la misma línea, añade que el 48% de los internos de Huachalalume proviene de otras regiones de Chile, un 48% son de Alta Peligrosidad, un 36% de Mediana Peligrosidad y un 16% de Baja Peligrosidad.

Frente al inminente colapso del penal, Garrido afirma que “sería de gran ayuda que se pudiera extraditar a ciertos internos, lo que serviría para descongestionar las unidades”, agregando que “también sería bueno habilitar otros centros como la Unidad de Vicuña, la que podría albergar a reos de Baja Peligrosidad o podría convertirse en un centro de educación y trabajo para aquellos con buena conducta”.

El funcionario insiste en que están sobrepasados y que nadie los escucha. Hoy cuentan con un gendarme de trato directo para unos 120 reos, situación que expone día a día su integridad física. “Si se considera que solo se trabaja con un chaleco anticorte y un bastón de goma, como elementos de seguridad, no es mucho lo que se puede hacer ante un ataque”, acusa Garrido.

Pese a ello, destaca que “la gran cantidad de funcionarios que estaba de vacaciones o con licencias médicas se reintegraron, ya que mantienen un gran compromiso con el ejercicio de sus funciones. Esto, ha permitido que dentro de Latinoamérica, seamos uno de los pocos países con un 100% de control de las unidades penales, pero aun así, lamentablemente no podemos evitar que sucedan riñas internas”.

POLÍTICA DE EXPULSIÓN

¿Puede un interno extranjero cumplir su condena en su país natal? El Subprefecto Germán Cerda, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de La Serena, explica a Diario El Día la política de expulsión vigente en Chile.

“Si una persona migrante comete algún delito en nuestro país, tiene que ser enjuiciado y condenado en Chile, pero si su pena fluctúa entre 3 años y un día y 5 años de presidio, y se da un acuerdo entre el abogado defensor y el Ministerio Público, podría optar al beneficio estipulado en el Art° 34 de la Ley 18.216, que conmuta la pena mediante la expulsión del territorio nacional y la consiguiente prohibición imperativa de volver a ingresar a nuestro país durante 10 años”, indica.

Cabe precisar que en el caso de ser expulsado, el interno quedaría libre en su país de origen, ya que no cometió el delito en dicho territorio, a menos de que tenga causas pendientes. “En el año 2022, hubo 18 expulsados desde la Región de Coquimbo, pero a fines del primer trimestre del 2023, vamos a superar los 12, de los cuales 9 fueron la semana pasada: 8 venezolanos y 1 dominicano”, especifica el subprefecto.

ELEVARÁN PROBLEMÁTICA A NIVEL CENTRAL

Tras la publicación del reportaje de nuestro medio, el diputado Ricardo Cifuentes se comprometió a gestionar soluciones. “Hemos conversado con el Director Nacional de Concesiones, -quien tiene a cargo la licitación de estas obras-, y haremos lo mismo con el Ministerio de Justicia y Gendarmería en los próximos días. No veo que los recursos sean una dificultad, por ser este un tipo de financiamiento concesionado”.

Al ser consultado por la petición de los gendarmes de extraditar a los reos extranjeros, señaló que “sería muy conveniente que los migrantes que delinquen, pudiesen pagar sus condenas en sus países de origen, ya que esto le implica un gasto adicional al Estado de Chile, pero hay tratados internacionales sobre esta materia, por lo que los delitos que se cometen en el territorio nacional deben ser purgados en el país”.

Por su parte, la diputada Carolina Tello recordó que en enero se presentó un proyecto de Ley que busca establecer mejores condiciones, certezas y seguridad en la carrera funcionaria, “entendiendo que la función de Gendarmería es esencial en el sistema penitenciario chileno”.

GOBIERNO LEVANTA INFORMACIÓN

Al ser consultado por esta problemática, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rubén García, informó que el ministerio está realizando un levantamiento de información sobre el estado actual de las cárceles, en términos de ocupación, infraestructura y habitabilidad. Informe que él ya derivó al nivel central.

En tanto, anunció que “como ministerio estamos trabajando en la elaboración de nuevos protocolos, para determinar la redistribución de internos tomando en cuenta su nivel de peligrosidad y se actualizarán los reglamentos penitenciarios”.

Sin embargo, reconoce que “hasta el momento no nos han informado si existirá una propuesta en infraestructura, como respuesta nacional al problema estructural que vive Gendarmería”.