exigen investigación para dar con su paradero

Familiares de víctimas indignados por fuga de General (r) Jaime Ojeda Torrent

El 28 de diciembre la Corte Suprema sentenció al comandante en retiro del Ejército, Jaime Ojeda Torrent, a cumplir 10 años y un día de prisión, sin embargo está inubicable.
lunes 29 de enero de 2024

Ayer se cumplió un mes desde que la Corte Suprema dictó sentencia de 10 años y un día de prisión, para el comandante en retiro del Ejército, Jaime Ojeda Torrent, en su calidad de cómplice por los 15 homicidios cometidos durante el paso de la Caravana de la Muerte en La Serena, durante la dictadura militar.

Pese a que existe una sentencia, -que elevó las penas de 8 militares en retiro, entre ellos Ojeda Torrent-, éste se encuentra prófugo de la justicia, situación que mantiene indignados a los familiares de las víctimas.  

Cabe recordar que Ojeda Torrent tiene además una causa abierta liderada por el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, a la que tampoco ha comparecido, a pesar de que tiene la obligación de firma mensual.

El 16 de octubre de 1973, en el marco del paso de la Caravana de la Muerte por la capital regional, se fusiló a 15 hombres de entre 22 y 48 años, al interior del entonces Regimiento Arica. 

Entre ellos, se encontraba Jorge Jordán Domic, un médico de 29 años que fue trasladado desde Ovalle a la cárcel de La Serena, donde estuvo detenido junto a los otros 14 hombres que fueron asesinados. 

En conversación con Diario El Día, la hermana de Jorge, Maya Jordán, cuenta que “la gente de Ovalle recuerda lo mucho que mi hermano hacía por sus pacientes, por eso cada vez que voy me cuentan historias que demuestran la maravillosa e íntegra persona que era”. 

Sobre la fuga del exmilitar, expresa que “todo esto es muy injusto y de una falta de respeto tremenda, porque por un lado tenemos a un torturador que se quitó la vida para no cumplir la sentencia. Por otro, a Juan Emilio Cheyre, a quien le dieron una pena con beneficios de libertad y ahora nos avisan que Ojeda Torrent está prófugo”. 

En la misma línea, agrega que “lo que no entiendo es por qué a personas como Ojeda Torrent no se les toma presos de inmediato, tampoco entiendo que se les deje con una firma, esperando a que suceda no sé qué, lo que evidencia la gran problemática de la Justicia chilena, porque es incomprensible que a 50 años del golpe, estas personas aún puedan gozar de libertad”.

En tanto, Marlinda Alcayaga, hija de Carlos Alcayaga, uno de los 15 asesinados por los efectivos comandados por Cheyre en la Caravana de la Muerte-, y miembro de la Corporación “La Serena 16 de Octubre”, comenta a nuestro medio que “no se puede dejar de sentir que acá hay error tras error, porque es algo que se veía venir, ya que cada vez que Ojeda Torrent presentaba, hacía estos escándalos llenos de agresividad”.

“Yo creo que él tenía su fuga lista y los tribunales debieron prever esto, sobre todo porque ya se han dado casos similares. Además, espero que determinen quiénes lo están protegiendo, por eso, le pedimos a organismos como el OS9 que se hagan cargo de la investigación”, sostiene. 

Por su parte, la consejera regional Tatiana Cortés, hija de Óscar Armando Cortés Cortés, -quien también fue fusilado por la Caravana de la Muerte en La Serena-, manifestó que “llevamos 50 años esperando justicia y recién el año pasado, empezamos a ver luces de que estos criminales de lesa humanidad estaban recibiendo sentencias, incluso llegando a aumentar la pena de Juan Emilio Cheyre, quien fue sentenciado como cómplice al igual que Ojeda Torrent”. 

En este punto, añade que “esperamos que la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos (Bridehu) de la Policía de Investigaciones (PDI) haga su trabajo y lo encuentren lo más rápido posible, porque esto se siente como otra bofetada más de la Justicia”. 

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de La Serena y la Región de Coquimbo, Ana Merino, -hermana de Pedro Merino, quien fue secuestrado en Coronel por un grupo de militares y carabineros de civil el 14 de septiembre de 1974-, lamentó que “la justicia no tomó los resguardos correspondientes para prevenir que se fugara, ni considero que él debe tener personas que colaboraron en su escape”. 

“La justicia debe ser tenaz en frenar esta burla a las familias afectadas, por eso, deben comenzar a buscarlo internacionalmente, porque ya han pasado más de 20 días desde que desapareció”, concluyó Merino.